En una entrevista exclusiva con F10 Noticias, el general boliviano Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, rompió el silencio y acusó al presidente Luis Arce Catacora de haber dirigido lo que calificó como “un plan macabro” el pasado 26 de junio, cuando efectivos militares fueron movilizados hacia Plaza Murillo, en lo que el Gobierno describió entonces como un intento de golpe de Estado.

Zúñiga afirmó que la operación no fue una insubordinación militar, sino una emboscada planificada desde el Palacio Quemado para fabricar una narrativa política. “El señor Arce tenía que volver a postularse. Todo estaba controlado, todo montado y luego tenía que quedarse otros 10 años más. Ese era el plan”, aseguró. Según su testimonio, el objetivo era múltiple: “Obtener una ventaja política, levantar su popularidad, debilitar a las Fuerzas Armadas y comenzar una cacería de opositores de izquierda y de derecha”.

El militar reconstruyó los días previos al operativo, señalando que el domingo 23 de junio recibió instrucciones directas del presidente. “Me ordena a mí en persona traer los blindados para neutralizar las movilizaciones sociales”, relató, indicando que el entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, le dio luz verde con una sola palabra: “Proceda”. Zúñiga también implicó a los exministros María Nela Prada, Hugo Moldiz, y al actual titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, quienes —según dijo— participaron en la planificación desde la Casa Grande del Pueblo.

En su versión, la supuesta “emboscada” se evidenció al llegar a la plaza central del poder político boliviano: “No había barricadas ni policías. Pero ya estaban listos los medios de comunicación, movimientos sociales organizados con carteles alusivos al golpe, e incluso francotiradores en el Palacio”. Zúñiga sostuvo que el objetivo era provocar un enfrentamiento que justificara la tesis de un “golpe cívico-militar” y legitimar una posterior persecución judicial.

Desde su detención, denunció que no se le permitió declarar libremente ante la Fiscalía. “La única vez que me dejaron hablar fue bajo amenaza y con un libreto”, afirmó, asegurando que algunos militares obtuvieron beneficios judiciales a cambio de sostener la versión oficial.

Zúñiga pidió que el presidente Luis Arce sea sometido a un juicio de responsabilidades, junto a Moldiz, Novillo, Del Castillo, y otros funcionarios presuntamente involucrados. “Ellos orquestaron todo este escenario del golpe. Querían perpetuarse en el poder y eliminar a sus oponentes políticos”, sentenció.

La entrevista, considerada una de las más explosivas desde los sucesos del 26-J, reabre el debate sobre la legitimidad del relato gubernamental y las tensiones entre el poder civil y militar en Bolivia.