El cambio de registro es evidente. Beller ya no solo denuncia un hecho en el que asegura haber sido víctima, sino que confronta a funcionarios y periodistas.
En conferencia de prensa, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia se declaró este viernes 21 de agosto en estado de emergencia en rechazo al incremento del precio del diésel al nivel internacional, que alcanza los Bs 18 por litro, y advirtió que retomará las movilizaciones si el Gobierno no logra normalizar el abastecimiento de combustible.
El ejecutivo de los choferes, Lucio Gómez, acompañado de su directorio, también expresó su rechazo a un eventual incremento de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) hasta Bs 60 y demandó atención urgente al mantenimiento de las carreteras, a las que atribuyó parte de los recientes accidentes de tránsito.
Gómez exhortó al Gobierno y a las autoridades a reconsiderar las recientes medidas sobre los combustibles, porque, según afirmó, lejos de solucionar el problema económico y social, están agravando la situación debido al incremento de los precios de productos y servicios.
El caso Beller deja así una nueva pregunta: ¿la justicia está aplicando el mismo rasero para todos o Cerimedo recibió un beneficio al evitar el penal de máxima seguridad?
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