Así lo denunció Adriana Jiménez, quien alertó que esta situación ya está afectando directamente la capacidad de realizar patrullajes y tareas de control, poniendo en riesgo la seguridad de la población.

Jiménez señaló que el problema no solo compromete la operatividad institucional, sino que además ocasionará un daño económico millonario al Estado. Los costos de reparación y reposición de los vehículos afectados deberán ser cubiertos con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos. En ese sentido, calificó como inadmisible que una presunta mala gestión y negligencia de funcionarios de YPFB termine perjudicando tanto a la seguridad como a la economía del país.

Asimismo, denunció falta de transparencia por parte de las autoridades, indicando que las peticiones de informe y conminatorias enviadas no han recibido respuesta. Ante lo que considera un ocultamiento de información, anunció que se impulsarán denuncias penales contra los responsables, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se asuman las responsabilidades correspondientes.