¿Qué fuerza real conserva un Estado de Excepción que, mientras el Gobierno busca prolongarlo, no logra evitar que sectores sociales movilizados ocupen las calles?
Una dirigente del magisterio urbano paceño cuestionó duramente este martes el acuerdo suscrito por el Gobierno de Rodrigo Paz con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que de ese entendimiento derivarían una serie de “imposiciones”, entre ellas la municipalización de la educación, que —según advirtió— podría poner en riesgo el escalafón nacional del sector. Desde el techo de un vehículo, la dirigente también acusó al Gobierno de pretender privatizar la educación, lo que, en su criterio, obligaría a miles de niños y jóvenes a recurrir al sistema privado.
Durante su discurso, la representante llamó además a los policías y a la población a sumarse a las movilizaciones del magisterio, al que presentó como parte de la población afectada por la crisis económica y el incremento del costo de vida. Sus cuestionamientos se centraron también en las denuncias de corrupción que atribuyó al Gobierno.
La marcha del magisterio urbano se produjo pese a la vigencia del Estado de Excepción, cuya normativa restringe las manifestaciones de protesta y que concluye este viernes. La movilización, por tanto, no solo llevó a las calles el rechazo a las políticas económicas del Gobierno, sino que volvió a exponer la limitada capacidad del Ejecutivo para hacer efectiva una medida excepcional que sigue vigente.
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