La Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL) salió en defensa de juezas, jueces, vocales y magistrados ante las investigaciones y controversias que involucran a distintas autoridades y exautoridades.

En un pronunciamiento, la organización sostiene que cualquier decisión judicial considerada incorrecta debe ser impugnada por las vías legales y rechaza amenazas, presiones, persecución o represalias contra los juzgadores.

El mensaje llega en medio de cuestionamientos a actuaciones judiciales vinculadas a los recientes casos de corrupción y narcotráfico.

AMABOL advierte que un error o una decisión controvertida no convierte automáticamente al juez en autor de un delito y exige que cualquier responsabilidad sea establecida mediante el debido proceso.

La asociación también pide garantías para que los jueces puedan resolver con independencia y anuncia que, si se producen presiones o represalias, recurrirá incluso a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

AMABOL remarca que la independencia judicial no significa impunidad. Sin embargo, su pronunciamiento deja una advertencia clara: las decisiones de los jueces deben ser cuestionadas en los tribunales y no mediante presión política, policial o mediática.

El debate queda planteado: independencia judicial para garantizar justicia o el “debido proceso” convertido en escudo frente a los errores y responsabilidades de quienes administran justicia.