El caso de la registradora interina de Derechos Reales de la ciudad de El Alto puede constituirse en el mejor botón de muestra de lo apetecido que es el cargo y del poder de influencia en estructuras superiores que parecen tener algunos funcionarios. Al parecer, no solo se trata de contar con influencia, poder económico y “padrinos” o “madrinas” desde Sucre, sino que se estaría imponiendo una especie de lógica perversa: a cuántas más denuncias se tienen, mejores cargos se ocupan.
Ese es el caso de la registradora interina, Leonor Vera, quien acaba de ser beneficiada con la ampliación por tres meses en la suplencia legal, pese a tener procesos penales abiertos por el ejercicio de su función pública, entre ellos delitos de falsedad ideológica y, lo que resulta más común en estos casos, “manipulación informática”.
Vera cumplió el pasado 24 de marzo un año en el cargo, en medio también de varios procesos disciplinarios que la propia oficina de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Sucre ha calificado como leves y graves. Sin embargo, en La Paz ninguno de estos procesos avanza y cualquier intento de postulación a cargos superiores se ampara en el principio de inocencia.
Resulta contradictorio que la entidad encargada de velar por la correcta administración de justicia incurra en retardación de justicia y en un manejo cuestionable de los procesos disciplinarios. Por más graves que sean los delitos o más gravísimas las faltas, todos terminan convertidos en “blancas y eficientes palomitas”, cobijados bajo el manto constitucional del “principio de inocencia”.
Así lo ha dejado entrever el delegado distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Marco Cárdenas, quien en defensa de Leonor Vera sostuvo que, mientras no exista una sentencia ejecutoriada, todos están habilitados. Y bien se sabe cuánto puede tardar una sentencia ejecutoriada; hasta entonces, todos tienen, en la práctica, piedra libre.
Por ese y otros motivos, la diputada Claudia Bilbao activó un proyecto de ley para transferir Derechos Reales del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo, con el objetivo de cortar de raíz esa discrecionalidad y el poder omnímodo que ejerce esta instancia sobre los ciudadanos, quienes además de soportar maltrato, deben esperar días o incluso meses por una respuesta.
No hay quien le ponga el “cascabel a la culebra” y, cuando se intenta corregir estas prácticas, las reacciones no se dejan esperar. Así ocurrió con el reciente comunicado de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura frente al proyecto de ley, en una clara señal de que no están dispuestos a perder poder ni privilegios sobre Derechos Reales, una instancia que, para muchos, sigue funcionando como la “Cueva de Alí Babá”.
