La Asamblea Legislativa sancionó la noche de este viernes 2 de octubre la ley más dura aprobada hasta ahora contra un fiscal general del Estado y la estrenó de inmediato contra Roger Mariaca, quien permanece detenido y es investigado por presuntos delitos vinculados con corrupción, soborno y protección al narcotráfico.
La nueva norma modifica la Ley 260 del Ministerio Público y abre, por primera vez, la posibilidad de que la propia Asamblea disponga la “suspensión definitiva” del Fiscal General del Estado cuando se encuentre formalmente imputado o sometido a una medida cautelar personal por delitos penales.
La decisión parlamentaria se produjo en tiempo récord y con el respaldo de oficialistas y opositores. La mayoría política dejó de lado sus diferencias para aplicar la nueva herramienta contra Mariaca, cuya gestión quedó bajo sospecha después de los operativos que desarticularon una presunta estructura de corrupción vinculada al Ministerio Público.
El caso Mariaca pone bajo la lupa no solamente a la Fiscalía General, sino también a las fiscalías departamentales que estuvieron bajo su administración. La investigación deberá determinar si existió una estructura de cobros, exacciones y protección a cambio de dinero que involucraba a fiscales en distintos departamentos.
La reforma incorpora un nuevo parágrafo al artículo 25 de la Ley 260 y establece un mecanismo específico para la suspensión definitiva del Fiscal General.
Según el texto aprobado, cuando la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentre “imputada formalmente y/o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales”, la Asamblea podrá disponer su suspensión definitiva con dos tercios de los votos de las y los asambleístas presentes en sesión ordinaria.
La norma también establece que, una vez promulgada, se designe un Fiscal General interino, quien permanecerá en el cargo hasta que la Asamblea elija al titular conforme al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.
El nuevo fiscal tendrá además una misión explícita: “desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a las causas de suspensión definitiva”. Para ello podrá reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente.
La ley aclara que estas facultades deberán ejercerse bajo los principios de legalidad, debido proceso y separación de funciones. Cualquier medida que implique intervención judicial o restricción de derechos estará sometida al control de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
Con la destitución de Mariaca, la Asamblea no solo aprobó una nueva herramienta de control sobre el Fiscal General: la estrenó contra quien hasta hace pocos días encabezaba el Ministerio Público.
