El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley 1773, una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece un nuevo mecanismo para suspender al Fiscal General del Estado cuando enfrente una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos sancionados con cárcel.

La promulgación, realizada en un acto cargado de simbolismo patriótico, marca un punto de inflexión en la crisis que envuelve al fiscal general Roger Mariaca. La nueva norma abre ahora una vía legal para que la Asamblea Legislativa pueda suspenderlo definitivamente con el voto de dos tercios de los legisladores presentes.

Paz sostuvo que la reforma busca recuperar la institucionalidad del Ministerio Público y evitar que quien encabeza la Fiscalía pueda permanecer en el cargo mientras enfrenta un proceso penal por delitos graves.

La Ley 1773 establece además que, una vez aprobada la suspensión, la Asamblea deberá designar en la misma sesión a un Fiscal General interino, quien deberá cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y tendrá como misión prioritaria desmantelar cualquier estructura criminal vinculada con la causa que dio lugar a la suspensión.

“Todo esto, con legalidad, debido proceso, separación de funciones y control judicial”, afirmó Paz al promulgar la norma.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1773, el caso Mariaca deja de depender únicamente de la presión política y entra en el terreno de un procedimiento legislativo expresamente diseñado para apartar del cargo al Fiscal General bajo determinadas condiciones.

En los hechos, la nueva ley estrecha el margen de maniobra del hasta ahora todopoderoso Fiscal General y deja encaminado el mecanismo que podría terminar con su gestión al frente del Ministerio Público.