Sucre, 4 de octubre de 2026. La vocal de la Sala Constitucional Primera de Sucre, Julia Jimena Andrade Rendón, en lugar de definir el fondo del cuestionamiento puesto bajo su responsabilidad, terminó apañando la cuestionada designación de Leonor Vera Condori como registradora de Derechos Reales de El Alto, pese a los antecedentes y observaciones planteados sobre su idoneidad. Su posición provocó un empate en la Sala y obligó a convocar a un vocal dirimidor, cuya audiencia está programada para este lunes a las 11:00.

El pasado viernes 2 de octubre se desarrolló en Sucre la audiencia de Acción de Amparo Constitucional promovida por María Victoria Saa, postulante al cargo. El vocal Edwin Vásquez Rivera concedió la tutela y observó el proceso de selección realizado por el Consejo de la Magistratura y la posterior elección efectuada por los 22 vocales de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Vásquez cuestionó que los vocales hubieran privilegiado el mayor puntaje obtenido por Leonor Vera bajo el criterio de “meritocracia”, sin considerar suficientemente la idoneidad de la postulante, tomando en cuenta los antecedentes y procesos disciplinarios observados durante el proceso.

Andrade, en cambio, evitó ingresar al fondo de la controversia y centró su posición en aspectos de legitimidad pasiva y competencia territorial. Cuestionó que la accionante hubiera dirigido la demanda contra el Consejo de la Magistratura y sostuvo que un caso originado en La Paz debía ser resuelto por una Sala Constitucional de ese departamento.

El cuestionamiento a la competencia territorial, sin embargo, fue planteado durante la audiencia y no al momento de la admisión de la acción, de la que ella misma fue parte, lo que generó observaciones sobre la oportunidad de la objeción. En los hechos, el argumento terminó desplazando el debate central: determinar si el proceso de selección y la designación de Vera cumplieron con las exigencias constitucionales de idoneidad.

El resultado fue un empate de 1-1 entre los vocales de la Sala Constitucional Primera de Sucre. Ahora será un vocal dirimidor de la Sala Constitucional Segunda quien tendrá que resolver el conflicto y establecer si corresponde mantener la designación o conceder la tutela solicitada.

El tercer vocal deberá definir, en los hechos, si corresponde mantener la designación de una funcionaria cuya idoneidad fue cuestionada por la accionante y por sectores que denunciaron la existencia de procesos en su contra, o si corresponde ordenar la revisión del proceso de selección.

Si se concede la tutela, el nombramiento de Vera quedaría sin efecto y el Consejo de la Magistratura y la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tendrían que realizar nuevamente el proceso de elección, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones observadas.

El caso adquiere especial relevancia en un momento de profunda crisis y cuestionamiento al sistema de justicia boliviano, tras la aprehensión y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca y las investigaciones sobre una presunta estructura de corrupción dentro del Ministerio Público.

En ese contexto, decisiones como la asumida por Andrade vuelven a poner bajo la lupa a los operadores de justicia y alimentan el debate sobre favoritismos, compadrazgos y falta de independencia en instituciones llamadas precisamente a garantizar la legalidad y la vigencia de los derechos constitucionales.