En medio de la crisis que sacudió al Ministerio Público y del interinato de 90 días asignado a José Armando Urioste Viera, el exalcalde de La Paz y analista político Iván Arias Durán lanzó una dura interpelación a la Fiscalía: “el Ministerio Público ha funcionado como el notario de la impunidad” frente a las muertes ocurridas bajo custodia estatal.

El planteamiento fue publicado este lunes por Arias en sus redes sociales bajo el título “El silencio de los barrotes: interpelación al Ministerio Público y urgencia de una fiscalización técnica e institucional contra las muertes bajo custodia”. Por la coincidencia con la actual coyuntura y por la consistencia de los argumentos expuestos, rescatamos este criterio, sustentado en investigaciones periodísticas y en una propuesta concreta de reforma institucional.

Arias recuerda que, entre 2016 y 2024, 58 personas murieron en recintos policiales y más de 500 en cárceles entre 2019 y 2024, según la investigación periodística “Muertes bajo custodia estatal: el silencioso circuito de la impunidad”, impulsada por ANF, IPYS, Brújula, AECID, ERBOL y Acceso Investigativo.

Para el exalcalde, estas cifras no pueden ser reducidas a accidentes o hechos aislados. Representan, sostiene, un “circuito institucional de impunidad”, en el que el Estado incumple su deber de garantizar la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.

El artículo menciona, entre otros, los casos de Martín Poma y Luis Fernando Benítez, en Bermejo, cuya muerte —según los antecedentes citados por Arias— habría estado precedida por hechos de violencia y tortura. El cuestionamiento apunta directamente al papel del Ministerio Público y a la necesidad de investigaciones independientes, técnicamente sólidas y libres de cualquier protección corporativa.

Una Fiscalía que investigue, no que convalide

Arias plantea que el nuevo fiscal general debe asumir un cambio de paradigma que combine decisión política y rigor técnico. Cuestiona que durante años se hayan convalidado pericias deficientes y diagnósticos que calificaron como suicidios muertes que, a su criterio, presentaban elementos que exigían una investigación mucho más profunda.

Por ello reclama la aplicación rigurosa del Protocolo de Minnesota, estándares internacionales para investigar muertes potencialmente ilícitas, además de sistemas de trazabilidad digital y mecanismos que permitan controlar las condiciones de detención.

Su pregunta al nuevo fiscal general es directa: ¿cuántas muertes más tendrá que esperar la Fiscalía para iniciar una persecución penal implacable contra los custodios que incumplan su deber?

El “Sistema Marco Antonio Aramayo”

Como respuesta, Arias propone la creación del Sistema de Fiscalización y Control de Custodia “Marco Antonio Aramayo”, denominado así en memoria del exdirector del Fondo Indígena, quien permaneció durante años con detención preventiva y murió bajo custodia estatal sin una sentencia ejecutoriada.

La propuesta se sostiene en tres pilares: auditorías sorpresivas e interconexión biométrica en tiempo real para verificar las condiciones y situación procesal de los detenidos; desmonopolización de los peritajes forenses, incorporando juntas médicas independientes, universidades y la Defensoría del Pueblo; y una respuesta penal específica frente a posibles casos de tortura y homicidio por omisión del deber de garante.

Arias considera que el mecanismo no necesariamente requiere una nueva estructura burocrática, sino una reingeniería del Ministerio Público, con fiscales especializados y equipos multidisciplinarios capaces de intervenir de manera inmediata cuando se produzca una muerte bajo custodia.

Su conclusión adquiere especial relevancia en el actual escenario de transición de la Fiscalía: Urioste Viera tiene 90 días para conducir el Ministerio Público y, según el planteamiento de Arias, ese tiempo puede ser suficiente para comenzar a desmontar las prácticas que han permitido que determinados casos terminen archivados, minimizados o sin una investigación capaz de establecer responsabilidades.

“La democracia boliviana está herida de muerte cada vez que un ciudadano ingresa vivo a una celda y sale en un cajón”, sostiene Arias.

La interpelación queda planteada para el nuevo fiscal general: convertir al Ministerio Público de supuesto notario de la impunidad en una institución capaz de investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos dentro de los propios espacios donde el Estado tiene la obligación de proteger la vida.