Desde 2016, el caso de la compra de radares para controlar los vuelos irregulares y combatir los narcovuelos en Bolivia pedía a gritos una investigación. Sin embargo, durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, las sospechas no se tradujeron en una acción penal que permitiera esclarecer por qué el sistema no cumplió con las expectativas. Ahora, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, le pone el cascabel al gato y apunta a cuatro exministros.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo un proyecto millonario, destinado a fortalecer la seguridad aérea del país, acumular observaciones técnicas y modificaciones contractuales sin que las autoridades de turno impulsaran una investigación de esta magnitud? La sucesión de ministros de Defensa no puede convertirse en una cadena de silencios ni en una excusa para eludir responsabilidades.
El jueves 15 de octubre, el Ministerio de Defensa presentó ante la Fiscalía una querella penal para que se investiguen las presuntas irregularidades en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control del Tránsito Aéreo (SIDACTA), contratado en 2016 por más de 191 millones de euros.
La acción penal comprende a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. La denuncia busca establecer qué ocurrió con el proyecto y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en las presuntas irregularidades.
Una auditoría interna identificó observaciones en 11 de los 13 radares y estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. A ello se suman siete modificaciones contractuales que extendieron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. Las cifras exponen la dimensión de un proyecto que debía contribuir al control del espacio aéreo, pero cuyo funcionamiento y resultados quedaron bajo cuestionamiento.
Lo más grave es que los radares estaban destinados a detectar vuelos irregulares, incluidos aquellos eventualmente vinculados con el narcotráfico. Si el sistema no cumplió adecuadamente su cometido, el país tiene derecho a saber por qué, quiénes debían supervisar su implementación y qué medidas adoptaron las autoridades cuando surgieron las primeras observaciones.
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que llegó al poder con un discurso de lucha contra la corrupción atribuida al masismo, tampoco impulsó entonces una investigación de esta envergadura. Su ministro de Defensa, Luis Fernando López, figura ahora entre los denunciados. Su inclusión no implica culpabilidad, pero plantea interrogantes sobre el papel que desempeñó cada autoridad durante su gestión.
La presentación de la querella constituye un paso necesario, aunque tardío. No basta con anunciar investigaciones: la Fiscalía deberá establecer si hubo incumplimientos contractuales, negligencia, posibles delitos o responsabilidades de quienes participaron en la contratación, ejecución y supervisión del proyecto.
Justiniano, en definitiva, ha decidido poner el cascabel al gato en un asunto que atravesó varias administraciones sin una respuesta judicial de esta magnitud. El desafío ahora es que la denuncia no termine archivada ni se convierta en otro episodio de acusaciones políticas sin consecuencias.
El Ministerio de Defensa anunció que coordinará acciones con la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia para contribuir al esclarecimiento de los hechos y proteger los recursos públicos.
Casi diez años después, la pregunta central sigue en pie: quién responde por los millones invertidos en radares que debían proteger el espacio aéreo boliviano. La investigación deberá dar una respuesta con pruebas, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, pero sin privilegios ni encubrimientos.
