Durante una conferencia de prensa en Bolivia, el diputado «evista» Héctor Arce ha lanzado fuertes acusaciones contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del actual presidente Luis Arce, alegando un presunto enriquecimiento irregular y el uso indebido de influencias para adquirir propiedades y obtener privilegios en el acopio de diesel.
Según las afirmaciones del diputado Arce, Rafael Arce, a sus 25 años de edad, habría adquirido una propiedad de 2.187 hectáreas, valuada en más de 5,4 millones de dólares, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Estas acusaciones se sustentan en la declaración de que Rafael Arce solo ha ocupado dos cargos menores en entidades estatales, lo que, según el diputado, no justificaría su capacidad para realizar una compra de tal magnitud.
El diputado también ha estimado que el patrimonio total del hijo del presidente asciende a los 7 millones de dólares, incluyendo otras adquisiciones. Además, se ha anunciado que se realizarán peticiones de informes escritos a varios ministros para esclarecer los detalles de estas transacciones.
Otro aspecto denunciado por el diputado es el supuesto privilegio en el trámite de ordenamiento predial otorgado a Rafael Arce por parte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), con la presunta intervención del presidente Arce.
Además, se ha acusado a Rafael Arce de beneficiarse con la entrega privilegiada de diesel, con cifras que indican una cantidad significativa de combustible adquirido en años recientes.
Estas acusaciones también han involucrado al otro hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira, a quien se le ha señalado por supuestas actividades relacionadas con la negociación de litio y gas, así como por el uso indebido de vehículos propiedad de empresas estatales.
El diputado ha anunciado la presentación de una denuncia penal contra Rafael Arce Mosqueira por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias, mientras que ha responsabilizado al presidente Luis Arce de supuestamente beneficiar económicamente a sus familiares.
Ante estas graves acusaciones, se espera una respuesta oficial por parte de las autoridades involucradas, y se mantendrá seguimiento a este caso que ha generado gran controversia en el ámbito político boliviano.
