Tomado del portal Debate Uruguay

La madrugada del viernes 13 de marzo marcó un hito en la historia criminal reciente de Sudamérica con la detención de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sin embargo, lo que el gobierno boliviano presenta como un triunfo de inteligencia táctica, analistas y expertos lo observan bajo el lente de una entrega negociada, abriendo un debate que trasciende las fronteras y pone en jaque a las instituciones de la región.

El operativo «Limpiar»: la versión oficial de la captura

Según las autoridades bolivianas, la caída del narcotraficante uruguayo fue el resultado de un megaoperativo de inteligencia ejecutado con precisión quirúrgica. Las acciones comenzaron a las 2:00 AM en la exclusiva zona residencial de Las Palmas, en Santa Cruz, mediante allanamientos simultáneos que involucraron un despliegue masivo de fuerzas policiales y judiciales.

El Ministro de Gobierno de Bolivia destacó que el uso de vehículos blindados y un fuerte cerco perimetral fueron fundamentales para evitar una repetición de la fuga de 2023. Un punto clave en esta narrativa es la cooperación internacional: la detención se vinculó directamente con el apoyo de la DEA y la confirmación técnica de la identidad de Marset por parte de la policía uruguaya. Oficialmente, la ausencia de disparos se justifica argumentando que el cerco fue tan perfecto que la estructura criminal se vio acorralada y sin capacidad de reacción. Junto a Marset, fueron detenidas su hermana,Tatiana Marset y otras personas de su círculo cercano.

¿Fue una entrega pactada?

A pesar del triunfalismo oficial, expertos en seguridad como Omar Durán y periodistas de investigación como Gabriel Pereyra cuestionan la «limpieza» del procedimiento. Los argumentos a favor de una entrega bajo condiciones son múltiples:

Ausencia de resistencia armada: resulta «llamativo» para los observadores que un líder criminal de la peligrosidad de Marset, quien siempre se desplazaba con un esquema de seguridad fuertemente armado, fuera arrestado sin que se registrara un solo enfrentamiento.

Antecedentes de negociación: meses antes del arresto, la propia defensa legal de Marset había admitido públicamente que el narcotraficante evaluaba entregarse, siempre que se garantizara la protección de su familia.

Estado de salud: al momento de ser capturado, Marset no presentaba rastros de resistencia física y salió del operativo «completamente sano», algo inusual en capturas de objetivos de este nivel.

La «expulsión express»: en lugar de un proceso de extradición formal y prolongado, Marset fue trasladado casi de inmediato a Estados Unidos bajo la figura de «expulsión por seguridad nacional». Su defensa no se opuso férreamente a este traslado, lo que refuerza la hipótesis de un acuerdo previo para evitar las cárceles de Paraguay o Bolivia, donde su vida correría mayor peligro.

El frente judicial en EE. UU.: ¿Hacia una delación premiada?

Tras su arresto, el destino final de Marset fue decidido por la vía rápida: una cárcel federal de máxima seguridad en los Estados Unidos. Allí enfrenta cargos graves por conspiración para el tráfico de cocaína y lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense.

La gran interrogante que mantiene en vilo a los gobiernos de la región es si Marset se convertirá en un testigo protegido. Si decide revelar sus rutas, nexos políticos y operativos en el Cono Sur a cambio de una reducción de su condena, su testimonio podría desatar un terremoto judicial sin precedentes. La elección de EE. UU. como destino parece ser una estrategia de seguridad tanto para él —protegiéndose de represalias de grupos rivales— como para las autoridades que buscan información de alto nivel.

El terremoto político en Uruguay

Mientras en el frente judicial la atención está en Washington, en Uruguay el caso ha provocado una crisis institucional profunda. El origen del escándalo se remonta a 2021, con la entrega de un pasaporte uruguayo a Marset mientras estaba detenido en Dubái, documento que le permitió permanecer prófugo durante años.

Este caso ya ha forzado la renuncia de figuras de primer orden en el gobierno uruguayo:

Francisco Bustillo (Ex Canciller).

Luis Alberto Heber (Ex Ministro del Interior).

Guillermo Maciel (Ex Subsecretario del Interior).

Roberto Lafluf (Asesor presidencial, acusado de intentar destruir pruebas y chats).

La justicia uruguaya mantiene abierta una causa por ocultamiento, investigando si hubo una trama deliberada para esconder al Parlamento que el gobierno ya sabía que Marset era un «narcotraficante pesado» antes de otorgarle el pasaporte. En año electoral, la oposición en su momento utilizó el caso como bandera de una supuesta «corrupción sistémica», mientras el oficialismo intentaba sostener que se actuó bajo la normativa vigente.

Impacto regional

El caso de Sebastián Marset deja un rastro de desconfianza institucional y tensiones diplomáticas entre Bolivia, Paraguay y Uruguay sobre quién permitió que el capo operara libremente por tanto tiempo. Ya sea una captura táctica perfecta o una entrega magistralmente negociada, el final de su carrera en libertad es solo el comienzo de un proceso judicial que promete revelar los hilos más oscuros del narcotráfico y su infiltración en el poder político de la región