El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes Molina, confirmó hoy que el alto tribunal ha declarado procedente la extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos. La decisión fue tomada mediante el Auto Supremo (AS) 337/2024, en el cual la Sala Plena aprobó por mayoría la solicitud de extradición. En una conferencia de prensa, Jaimes Molina detalló que, tras la aprobación de la extradición, el siguiente paso es la emisión del mandamiento de excarcelación por parte del juzgado cautelar que tiene conocimiento del caso. Una vez que este procedimiento se complete, se notificará a las partes involucradas, incluyendo la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y, a través de este, a la Embajada de Estados Unidos, para coordinar el traslado de Dávila a ese país conforme al tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos.

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes Molina, confirmó hoy que el alto tribunal ha declarado procedente la extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos. La decisión fue tomada mediante el Auto Supremo (AS) 337/2024, en el cual la Sala Plena aprobó por mayoría la solicitud de extradición. En una conferencia de prensa, Jaimes Molina detalló que, tras la aprobación de la extradición, el siguiente paso es la emisión del mandamiento de excarcelación por parte del juzgado cautelar que tiene conocimiento del caso. Una vez que este procedimiento se complete, se notificará a las partes involucradas, incluyendo la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y, a través de este, a la Embajada de Estados Unidos, para coordinar el traslado de Dávila a ese país conforme al tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos. El Presidente del TSJ también informó que la decisión fue tomada con 7 votos a favor y 2 disidencias dentro de la Sala Plena. Los cargos que enfrenta Dávila en Estados Unidos incluyen asociación delictuosa vinculada al narcotráfico y asociación delictuosa por portación ilegal de armas. En ambos casos, las penas mínimas previstas son de 10 y 20 años de prisión, respectivamente. Con esta determinación, el proceso de extradición avanza rápidamente, y en los próximos días se espera que se cumplan los pasos legales necesarios para el traslado de Dávila a suelo estadounidense.

El exjefe antidroga de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue investigado por la DEA por sus vínculos con operaciones en el tráfico de sustancias controladas durante el gobierno de Evo Morales y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por su captura internacional. El Gobierno puede reclamar los cinco millones de dólares de recompensa que ofrecía Estados Unidos por el exjefe antidroga Maximiliano Dávila, pese a que lo tuvo aprehendido en los últimos dos años, según el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga. “El Gobierno tiene que contratar un abogado y obviamente puede realizar el reclamo de los 5 millones y obviamente van a ir al Tesoro General de la Nación si es que se consigue. Toma seis meses, todavía, pero puede conseguir. Solamente hay que hacer un reclamo, contratar un abogado en Nueva York”, dijo Aliaga en Cadena A. El miércoles se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sesión de Sala Plena, autorizó la extradición de Dávila. La justicia estadounidense lo investiga por los delitos de asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico durante el gobierno de Evo Morales. El Departamento de Estado de Estados Unidos gestionó la extradición vía Cancillería boliviana, el caso fue remitido al Tribunal Supremo, conforme a los procedimientos diplomáticos.

Cucho y Claros enfrentan acusaciones por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, entre otros Humberto Claros y Ramiro Cucho, líderes del movimiento evista, fueron trasladados la noche del lunes a las cárceles de San Pedro y Patacamaya, respectivamente. Ambos dirigentes, quienes promovieron un bloqueo de carreteras de 24 días en medio de una crisis económica, fueron llevados desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz a los centros penitenciarios tras la decisión de un juez el pasado 15 de noviembre, que ordenó su detención preventiva por cinco meses. Claros y Cucho enfrentan acusaciones por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, entre otros. No obstante, el movimiento evista sostiene que estos dirigentes son víctimas de una “persecución política”. El expresidente Evo Morales expresó su apoyo en redes sociales, afirmando: “A los perseguidos, los protegeremos; a los detenidos, no los abandonaremos”. Mientras tanto, la Policía continúa la búsqueda de otros dos miembros del movimiento evista con órdenes de aprehensión: el exministro Juan Ramón Quintana y el dirigente Ponciano Santos.

Cucho y Claros enfrentan acusaciones por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, entre otros

Los cargos que le han caído encima incluyen incumplimiento de deberes, contratos dañinos para el Estado y conducta económica perjudicial.

Su confianza en el sistema judicial boliviano se ha visto erosionada por experiencias previas, aún mantiene la esperanza de que se haga justicia.

La suspensión permanecerá vigente hasta una audiencia programada para el lunes 22 de abril en Santa Cruz.

Directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros.

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