El futuro del proyecto de industrialización del litio en Bolivia se ve ensombrecido por recientes descubrimientos de corrupción y malas gestiones, complicando aún más los planes nacionales de explotación de este valioso recurso.
César Siles, el procurador general del Estado, confirmó la detención de tres personas involucradas en irregularidades en las operaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), incluyendo a Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos.
Los problemas salieron a la superficie tras una denuncia realizada por Karla Calderón, presidenta ejecutiva de YLB, el pasado 18 de abril. Calderón alertó sobre un daño económico que supera los Bs 425 millones, atribuido a malas prácticas contractuales y negligencia en el cumplimiento de obligaciones administrativas.
Siles destacó la importancia de intervenir en este caso dado el «grave daño económico» y los «serios indicios de corrupción» que parecen azotar el proyecto. «Los problemas van desde especificaciones técnicas inadecuadas, pasando por una supervisión insuficiente, hasta un preocupante descuido en el mantenimiento de las 18 piscinas de evaporación», señaló el procurador.
Para profundizar en la investigación, se ha formado una comisión compuesta por tres fiscales, quienes ya manejan un expediente de más de 4.020 páginas. Además, se han emitido mandamientos de aprehensión contra 12 personas vinculadas al caso. Estas personas están siendo monitoreadas de cerca debido a su reciente actividad migratoria y la inestabilidad de su situación laboral, lo que eleva las preocupaciones sobre un posible intento de fuga.
Este conjunto de problemas no solo plantea un retraso en la esperada industrialización del litio en Bolivia, sino que también pone en duda la capacidad del proyecto para cumplir con sus promesas de transformación económica y tecnológica en el país.
