Por cuarto día consecutivo, la ciudad de La Paz es escenario de protestas que, lejos de mantenerse dentro de una demanda electoral, han mutado en una presión directa por la renuncia del presidente Luis Arce Catacora. Lo que comenzó como una exigencia por la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial ha devenido, según declaraciones de sus propios aliados, en una estrategia más profunda y peligrosa: el desmantelamiento del actual Gobierno mediante movilizaciones escaladas y el uso del malestar social como catalizador.
El exministro de Defensa Javier Zavaleta, identificado con la corriente evista, no ha ocultado el verdadero fondo del conflicto. En declaraciones recientes, sostuvo que “corresponde la renuncia del presidente Arce”, al que atribuye ser “el factor de conflicto, de división y de desinstitucionalización”. Zavaleta no sólo plantea la renuncia del jefe del Estado, sino también la salida de los vocales del Tribunal Supremo Electoral si no habilitan a Morales, en una lógica binaria que reduce el Estado de Derecho a la obediencia de una sola línea política.
Lo más preocupante es la admisión implícita del riesgo de insurrección. “La protesta puede escalar a un nivel insurreccional”, advirtió Zavaleta, deslizando con naturalidad un escenario que el orden constitucional califica como grave y penalmente punible. Aunque afirma que los movilizados no portan armas, también responsabiliza a la policía por la violencia emergente, generando una narrativa que justifica posibles estallidos.
Esta ofensiva política encuentra respaldo en el discurso y las decisiones del llamado Pacto de Unidad, que en lugar de buscar soluciones al desabastecimiento de combustibles o la especulación del dólar, ha preferido utilizar esas crisis como combustible para su propia agenda de presión. De fondo, el conflicto de liderazgo dentro del MAS adquiere dimensiones peligrosas, al convertir la protesta en una herramienta para desestabilizar un gobierno democráticamente electo.
El debate ya no gira en torno a derechos políticos o garantías electorales, sino a una ofensiva calculada que apunta a la caída del Presidente. La línea que separa una movilización legítima de una conspiración insurreccional comienza a desdibujarse, y con ello se erosiona aún más la institucionalidad democrática del país. La pregunta de fondo ya no es si Evo Morales será candidato de un partido como PAN-BOL que debe esperar aún una decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre su personería, sino si los mecanismos democráticos sobrevivirán a su intento de serlo a toda costa.
