El caso de Maximiliano Dávila Pérez dio un giro contundente en Estados Unidos, donde autoridades federales sostienen que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) no solo permitió el tráfico de drogas, sino que organizó su resguardo armado desde la propia estructura estatal.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, informaron que Dávila fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en una conspiración internacional de cocaína y delitos relacionados con armas.
Según la acusación presentada en el tribunal federal de Manhattan, el exjefe antidrogas boliviano utilizó su cargo para garantizar el envío de grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos. El elemento central del caso —según la DEA— fue el uso de efectivos armados de la FELCN para custodiar los envíos de cocaína.
De acuerdo con las pruebas expuestas durante el juicio, entre febrero y noviembre de 2019, Dávila habría coordinado operaciones en las que se desviaban controles antidroga mientras se organizaban cargamentos ilícitos. Parte de este esquema incluía el despliegue de agentes fuertemente armados para proteger aeronaves que transportaban droga desde aeropuertos bolivianos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el exdirector no solo facilitaba rutas seguras, sino que también manipulaba la estructura operativa de la FELCN para evitar cualquier interferencia. En grabaciones presentadas como evidencia, Dávila habría indicado que podía retirar personal clave el día de los envíos y asignar efectivos armados para garantizar que los cargamentos despeguen sin obstáculos.
El caso también documenta la coordinación de envíos de cocaína que superaban una tonelada métrica, con destino final en Nueva York, transitando por terceros países. Incluso se detalla la entrega de una muestra de 10 kilogramos en Lima, como parte del acuerdo con sus contactos.
Para la DEA, este caso representa un ejemplo extremo de corrupción institucional. “Ninguna placa ni cargo protegerá a quienes eligen el crimen”, afirmó Cole, al remarcar que Dávila convirtió una unidad antidroga en una estructura funcional al narcotráfico.
Dávila, quien fue extraditado desde Bolivia en diciembre de 2024, había sido declarado culpable en octubre de 2025 tras un juicio con jurado. La sentencia impuesta por la jueza federal Denise L. Cote marca el cierre de un proceso que, según las autoridades estadounidenses, expone cómo altos niveles del aparato antidrogas pueden ser utilizados para fines criminales.
El caso deja en evidencia un mecanismo particularmente grave: el uso de recursos estatales, armamento oficial y personal especializado no para combatir el narcotráfico, sino para garantizar su operación a gran escala.
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Además de la condena, DAVILA PEREZ, de 62 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.
El Sr. Clayton elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, así como de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU.
Este caso está siendo gestionado por la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales adjuntos de los Estados Unidos Matthew J.C. Hellman, David J. Robles y Chelsea L. Scism están a cargo de la acusación.
