La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una resolución que obliga a las autoridades del Órgano Ejecutivo y de las instituciones públicas a responder de manera obligatoria a las peticiones de informes escritos, orales e interpelaciones solicitadas por el Legislativo.

Sin embargo, la decisión deja al descubierto una contradicción que evidencia la persistencia del denominado “Estado tranca”, un sistema burocrático que ralentiza los procesos institucionales y que, paradójicamente, sigue vigente pese a haber sido cuestionado por el propio oficialismo.

La resolución fue aprobada durante la 69ª sesión de la Cámara de Diputados y establece que las máximas autoridades ejecutivas deberán cumplir “de manera inexcusable” con los requerimientos de fiscalización, salvo casos de fuerza mayor. Además, advierte que la inasistencia a interpelaciones o la falta de entrega de informes puede derivar en procesos conforme a la normativa vigente.

No obstante, la medida llega en medio de cifras que reflejan un serio déficit en la respuesta del Ejecutivo a las herramientas de control legislativo. De acuerdo con datos oficiales del Senado, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se presentaron 748 peticiones de informe escrito (PIE) desde ambas cámaras. De ese total, solo alrededor del 10% fue respondido dentro del plazo, mientras que un 36% ya se encuentra fuera de término.

El segundo secretario del Senado, Julio Diego Romaña, informó que solo en la Cámara Alta se emitieron 398 solicitudes, de las cuales 143 no recibieron respuesta, lo que equivale al 36%. En la Cámara de Diputados la situación es similar: de 350 PIE enviadas al Ejecutivo, apenas 48 fueron respondidas, es decir, un 14% del total, según datos de la Secretaría General.

Para legisladores de oposición, el problema no solo radica en la falta de respuesta del Ejecutivo, sino también en el propio diseño burocrático del procedimiento. Actualmente, muchas peticiones deben pasar primero por instancias administrativas antes de llegar a los ministerios, lo que prolonga los plazos y debilita la eficacia de la fiscalización parlamentaria.

La discusión sobre la efectividad del control legislativo también se cruza con casos de alta sensibilidad política. La bancada de Alianza Libre, por ejemplo, solicitó recientemente la interpelación de los ministros de Obras Públicas, Defensa y Economía por el accidente de un avión militar en El Alto que transportaba 17 millones de piezas de billetes de la Serie B destinadas al Banco Central, un hecho que generó preocupación por su impacto en la circulación monetaria.

Mientras el oficialismo sostiene que la resolución busca reforzar las herramientas de fiscalización, críticos advierten que el problema de fondo -la persistencia del “Estado tranca”- sigue intacto. Paradójicamente, el mismo sistema burocrático que ralentiza la gestión pública continúa funcionando dentro del propio Legislativo, donde muchas iniciativas de control terminan atrapadas en la misma estructura administrativa que se dice combatir.