La declaración del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, adquiere un peso significativo en medio de un contexto de creciente tensión política y social en el país.

Al asegurar que no entrará “en el juego” del evismo y que hará cumplir la ley con firmeza, Ríos intenta proyectar una imagen de control institucional frente a un escenario marcado por amenazas directas a autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya integridad física y moral ha sido comprometida públicamente.

El acto de revelar las direcciones de vocales electorales y amenazar con involucrar a sus familiares marca un preocupante retroceso en los estándares democráticos y de respeto a los derechos fundamentales.

Más allá del tono tranquilizador del ministro, lo que está en juego es el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de garantizar un proceso electoral sin presiones ni intimidaciones.

Las movilizaciones del ala «evista», que se intensifican en La Paz desde el lunes, se originan en demandas económicas y en la exclusión de Evo Morales como candidato, pero han escalado a un nivel que pone en riesgo el funcionamiento pacífico de las instituciones.

Ríos reconoce la existencia de “intereses personales que tratan de sabotear las elecciones”, lo que sugiere una narrativa oficial que buscará aislar políticamente a los sectores más radicalizados.

Sin embargo, queda la incógnita sobre qué medidas concretas adoptará el Ejecutivo para equilibrar el resguardo del proceso electoral sin alimentar una mayor polarización.