En un hecho histórico para la lucha contra las drogas, el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas (CPI) aprobó este viernes la Política Antidroga 2026–2030 y su Plan de Acción, los nuevos instrumentos que guiarán la respuesta del Estado boliviano durante los próximos cinco años.
La Primera Sesión Ordinaria del CPI fue presidida por el ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, quien destacó la política de Estado integral, basada en evidencia y con metas claras para desarticular al crimen organizado.
La aprobación contó con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez; la ministra de Salud y Deportes, Marcela Tatiana Flores Zambrana; el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés Chávez; el viceministro de Desarrollo Agropecuario y Agroforestal, Karel Adin Rivero Marín; el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmerman; y la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza Betancourt.
La política antidroga 2026-2030 se estructura en nueve ejes estratégicos que marcan una ruta clara orientada a ejecutar acciones en materia de desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, interdicción estratégica, inteligencia financiera, control de precursores, control responsable de cultivos de coca, desarrollo integral, prevención y atención del consumo desde la salud pública, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.
Con la aprobación de este instrumento, Bolivia consolida una política de Estado que fortalece tres pilares fundamentales: Seguridad Ciudadana, Salud Pública y Desarrollo Integral. Este trabajo articulado demuestra el compromiso del Gobierno de asumir la lucha antidroga como una política de Estado y no de una sola cartera de Estado.
El Ministerio de Gobierno, a través de la FELCN y en coordinación con el CPI, ejecutará el Plan de Acción 2026-2030 para garantizar que cada eje se traduzca en operativos, programas de prevención y proyectos de desarrollo para las familias.
En este sentido, Bolivia consolida una política de Estado integral, soberana, basada en evidencia y orientada a resultados, que fortalece la seguridad, la salud pública, el desarrollo integral y la cooperación internacional estratégica y operativa, estableciendo una hoja de ruta común para proteger a la población y fortalecer la capacidad del Estado frente al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.
