Una prolongada pugna administrativa e institucional entre el Ejecutivo Municipal de La Paz y el Concejo llegó a su fin este jueves. Tras una huelga de presión instalada por seis concejales en las propias dependencias de la Alcaldía y bajo la mediación del Ministerio de Trabajo, las autoridades ediles firmaron un acta de entendimiento que viabiliza la incorporación formal y el pago de salarios devengados a más de 60 trabajadores que permanecían impagos desde hace cuatro meses.
El acuerdo, suscrito el 10 de septiembre de 2026, establece que los memorándums de designación del personal tendrán efecto retroactivo para fines de registro laboral desde el 1 de julio de 2026. Esto permitirá no solo la liquidación de los haberes pendientes, sino también la afiliación inmediata de los funcionarios a la Caja Nacional de Salud y su alta en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Las razones del freno del Ejecutivo
Hasta antes de la firma del acta, la postura de la administración liderada por el alcalde César Dockweiler se sostenía en un entramado de observaciones legales y vacíos procedimentales que paralizaban los desembolsos. Desde el Ejecutivo municipal se argumentaba que existía una imposibilidad técnica para procesar las planillas debido a la ausencia del trámite formal y la firma validada de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAEC) de la directiva del Concejo.
A esto se sumaban observaciones cruzadas sobre la validez legal de las nuevas contrataciones del personal de libre nombramiento hechas por la actual directiva, en medio de denuncias entre bancadas sobre pagos presuntamente consumados a exfuncionarios. Pese a que la Resolución Constitucional 278/2026 ya ordenaba la regularización de los aportes e ítems presupuestarios, el Ejecutivo dilataba la aplicación solicitando el saneamiento y acreditación previa de cada expediente.
El mecanismo para el destrabe
Para resolver el estancamiento y superar las objeciones administrativas, el entendimiento alcanzado en la cartera de Trabajo fijó compromisos mutuos: los concejales asumieron la responsabilidad de tramitar el visto bueno de la MAEC del Concejo en los memorándums de alta de personal conforme lo exige la resolución constitucional, mientras que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos de la Alcaldía se comprometió a completar en un plazo máximo de 24 horas el registro de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGRH).
El concejal Fernando Ruiz Saldías remarcó que esta resolución no constituye una concesión política por parte del alcalde, sino el restablecimiento estricto de derechos constitucionales y laborales. “No pedimos un favor, sino que exigimos lo que por ley les corresponde a cada uno de nuestros trabajadores”, aseveró.
El documento fue sellado con la firma de los concejales Waldy Caballero, Carola Antezana Pantoja, Adriana Murillo, Fabián Yaksic, Alejandra Delgado, Virgilio Apaza, Fernando Ruiz Saldías y Casimira Lema Molina, además del director de Gestión de Recursos Humanos, Iván Federico Contreras Joffre, y un veedor institucional, poniendo fin a la parálisis en el pago de haberes del órgano legislativo paceño.
