El discurso de los choferes en defensa de la economía de los usuarios choca con una realidad que muestran los propios datos oficiales: solo el 19,7% del transporte público utiliza exclusivamente diésel, mientras el 80,3% funciona con gasolina, GNV o una combinación de ambos.

Según YPFB y la ANH, de los 202.182 vehículos registrados en el servicio público, 39.880 utilizan exclusivamente diésel. En cambio, 162.302 unidades funcionan con otros combustibles o combinan gasolina y GNV.

Hay otro dato que pone en cuestión la dimensión del conflicto: 94.487 vehículos, el 46,7% del transporte público, tiene capacidad para operar con GNV.

Pese a ello, la Confederación de Choferes decidió replegar todo el parque automotor durante 24 horas este lunes y exige la abrogación del Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel.

El dirigente Lucio Gómez también advirtió que los pasajes interdepartamentales podrían subir entre 50% y 60%, trasladando el impacto del incremento del combustible directamente al usuario.

La pregunta resulta inevitable: si ocho de cada diez vehículos del transporte público no dependen exclusivamente del diésel, ¿a quiénes están defendiendo realmente los dirigentes?

El Gobierno sostiene que la subvención representaba un gasto de unos 55 millones de dólares semanales y que su eliminación permitirá liberar recursos públicos. Los choferes responden con medidas de presión y amenazas de mayores movilizaciones.

El debate, entonces, no es solamente sobre el precio del diésel. También es sobre quién termina pagando la factura y si el paro de todo el transporte responde a una afectación general o a los intereses de una parte del sector.