ANALISIS: AL PUNTO Y AL FONDO
Más allá del merecido homenaje a los líderes políticos que lucharon por la restitución de las libertades democráticas, esta fecha debería ser motivo de profunda reflexión. Después de 44 años de democracia, Bolivia todavía no encuentra un rumbo sólido y continúa avanzando de tumbo en tumbo. El problema no radica únicamente en la falta de liderazgos, sino también en un electorado que no termina de comprender qué necesita el país y suele dejarse seducir por apuestas políticas sin medir sus consecuencias.
Entre 1982 y 1985, Bolivia vivió la experiencia de un gobierno de izquierda, con socialistas y comunistas que no estuvieron a la altura de las circunstancias históricas. El discurso de que «el hambre no espera» caló hondo en los sectores laborales, pero el gobierno de Hernán Siles Zuazo, acompañado por Jaime Paz Zamora, terminó asfixiado por la crisis económica, la presión social y las disputas políticas. La desestabilización y el acortamiento de mandato abrieron las puertas al retorno de una derecha que supo aprovechar el desgaste de la izquierda.
El llamado Pacto por la Democracia (MNR-ADN, 1985-1989) permitió a Víctor Paz Estenssoro recuperar el poder y establecer un rumbo económico mediante el Decreto Supremo 21060. La estabilización económica dio oxígeno al país, aunque el modelo neoliberal también dejó costos sociales y una larga lista de cuestionamientos. La paradoja era evidente: uno de los protagonistas de la Revolución Nacional terminaba encabezando una nueva orientación económica con el respaldo de Hugo Banzer, quien había gobernado el país durante siete años bajo una dictadura.
Para el período 1989-1993 llegó Jaime Paz Zamora con una alianza entre el MIR y ADN, después de haber cuestionado el modelo neoliberal. Sin embargo, terminó dando continuidad a sus principales líneas económicas. El Decreto 21407 acompañó esa orientación y la apertura al sector privado, mientras YPFB conservó su papel estratégico. El descubrimiento y desarrollo del campo gasífero San Alberto se convertiría posteriormente en una fuente fundamental de ingresos para el país. Pero los escándalos de corrupción y las controversias vinculadas al narcotráfico, que salpicaron al MIR y a su entorno político, deterioraron la confianza ciudadana.
En 1993 a 1997, Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a colocar al MNR en el poder. Como uno de los principales impulsores del 21060, profundizó las reformas económicas mediante la capitalización y consolidó el proyecto de exportación de gas a Brasil, resultado de gestiones y proyectos que venían de gobiernos anteriores. La promesa de modernización convivió con cuestionamientos sobre la distribución de los beneficios y el destino de los recursos naturales.
La llegada de Hugo Banzer en 1997, respaldado por una amplia coalición de partidos, tampoco significó una ruptura sustancial con el modelo anterior. Muchas políticas continuaron bajo nuevos nombres, como ocurrió con el Bonosol, sustituido por el Bolivida. Su gobierno no consiguió construir una identidad propia y quedó marcado por la crisis política y la sucesión presidencial tras su renuncia por razones de salud. Jorge Tuto Quiroga asumió la Presidencia entre 2001 y 2002 y procuró dar continuidad a la gestión, en un escenario de dificultades económicas y creciente desconfianza política.
Entre 2002 y 2003, Sánchez de Lozada retornó al poder mediante otra coalición partidaria. Aunque contaba con respaldo parlamentario, su legitimidad social era frágil. La crisis de octubre de 2003 terminó con su gobierno, en medio de una convulsión social que dejó decenas de muertos. La ruptura política abrió el camino para la llegada de Evo Morales, quien ganó las elecciones de 2005 con más del 50% de los votos y puso fin al ciclo de gobiernos sostenidos por coaliciones tradicionales.
Morales inauguró una etapa de 14 años en el poder, marcada por la concentración política, el protagonismo del Estado y una fuerte polarización. Su permanencia terminó en 2019, tras una crisis electoral en la que se denunciaron graves irregularidades y un fraude señalado por la auditoría de la OEA, en un proceso cuyos resultados y desenlace siguen siendo objeto de controversia política.
Jeanine Áñez asumió la transición, pero su gobierno quedó cuestionado por denuncias de corrupción y por los hechos de violencia ocurridos durante la crisis, que también comprometieron la credibilidad de las fuerzas políticas que habían prometido restablecer la institucionalidad.
Luis Arce Catacora, elegido como sucesor político de Morales, completó el ciclo del MAS en el poder hasta 2025, en medio de una profunda crisis económica, problemas de abastecimiento y crecientes dificultades fiscales. El país llegó al final de esa etapa con un modelo agotado y una ciudadanía desencantada, pero sin un consenso claro sobre el rumbo que debía tomar Bolivia.
Las elecciones de 2025 ofrecieron la posibilidad de definir una nueva orientación política y económica. Sin embargo, un electorado dividido terminó encumbrando al binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara y dejó fuera de la contienda presidencial a Jorge Tuto Quiroga, quien reivindicaba su experiencia política y sus vínculos internacionales.
El resultado expresó el deseo de renovación de una parte de la población, pero también el riesgo de confundir lo nuevo con lo necesariamente mejor.
Bolivia se encuentra ahora ante un gobierno que, a juicio de sus críticos, todavía no consigue consolidar un norte claro ni ofrecer certidumbre sobre el rumbo del país. Y aunque los políticos tienen una responsabilidad innegable, también corresponde examinar el comportamiento de los electores: la democracia no se agota en depositar un voto, sino que exige evaluar trayectorias, propuestas, equipos y capacidades de gestión. Elegir por impulso, por nostalgia o por el atractivo de una figura nueva puede terminar convirtiendo la esperanza en frustración.
Bolivia no está donde está únicamente por culpa de sus políticos. También pesa la conducta de un electorado que, elección tras elección, puede dejarse llevar por la emoción del momento y apostar por aventuras sin medir sus consecuencias.
Si el país quiere cambiar de rumbo, necesita un voto consciente, informado y comprometido con el futuro nacional, no un sufragio que premie la improvisación y después lamente sus resultados.
Los bolivianos deberían exigir que sus gobernantes no deshagan la política económica o social bien echa del anterior. Así podría tener continuidad y estabilidad, caso contrario, seguiremos cambiando en cada nuevo y un nuevo empezar, seguirá siendo una pérdida de tiempo.
Celebrar los 44 años de democracia es necesario, pero insuficiente. Para quienes hoy ejercen el poder nacional, departamental y municipal, la fecha será una ocasión de homenajes y discursos. Mañana, sin embargo, los problemas seguirán ahí. La verdadera celebración llegará cuando Bolivia deje de avanzar de tumbo en tumbo y su ciudadanía comprenda que el voto no es una apuesta emocional: es una decisión que compromete el destino de toda la patria.
