ANÁLISIS: AL PUNTO Y AL FONDO
Con la decisión de mantener su pulso contra el supuesto “centralismo”, cuya máxima expresión identifican con la sede de Gobierno en La Paz, la institucionalidad cruceña ha cerrado filas en una coalición que enarbola el rechazo a la asignación del 1% de la prometida fórmula 50/50. Detrás de la bandera de la autonomía tipo-federal, se perfila una disputa política por mayores recursos y poder.
El gobernador Juan Pablo Velasco, quien en campaña se enfunda el poncho rojo para mendigar el voto del occidente, particularmente de paceño/alteño; el alcalde Carlos “Mamen” Saavedra; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stelo Cochamanidis, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reneiro Vargas, han ratificado su pacto contra el centralismo. Estas cuatro figuras se erigen hoy como los “cuatro jinetes” que ejercen poder en Santa Cruz, pero cuya influencia política no trasciende necesariamente las fronteras de su región.
Este cuarteto ha intentado sumar a otras gobernaciones a su ofensiva contra la decisión del presidente Rodrigo Paz de distribuir entre los nueve departamentos entre Bs 600 y 700 millones anuales. Una medida que, lejos de representar un despojo a Santa Cruz, supone una asignación adicional de recursos para el conjunto del país. Las condiciones son discutibles.
En el marco de la Agenda 50/50 progresiva, Santa Cruz recibiría entre Bs 120 y 150 millones anuales, mientras el resto se distribuiría de acuerdo con la población y los indicadores de asignación de cada departamento. Pero a esta dirigencia el 1% no le basta: quiere más. Y ha convertido esa demanda en una nueva batalla política contra el Gobierno, agitando el discurso del centralismo.
Con la misma bandera, cuestionan la capacidad del Gobierno para enfrentar el sicariato, el narcoterrorismo y las organizaciones criminales que operan en Santa Cruz. Su exigencia va más allá de reclamar seguridad: pretenden que la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental tengan bajo su control la Policía Boliviana, la justicia y la designación de fiscales. Es decir, confunden autonomía con la pretensión de construir un poder paralelo.
Estos “cuatro jinetes” parecen olvidar que las redes criminales no aparecieron de la noche a la mañana ni crecieron al margen de las complicidades, los silencios y la tolerancia de sectores que durante años convivieron con ellas. Santa Cruz no puede seguir vendiendo la imagen de una Miami boliviana mientras el dinero de procedencia ilícita circula y alimenta negocios, fortunas y estructuras de poder. Precisamente, la ofensiva del Gobierno de Rodrigo Paz contra esas redes comienza a incomodar donde antes parecía no haber mayores preocupaciones.
El discurso contra el centralismo amenaza con convertirse en la coartada perfecta para exacerbar el regionalismo. Detrás de algunas proclamas autonomistas persiste el desprecio hacia el occidente y la vieja obsesión de arrebatar a La Paz y El Alto el peso político que representa la sede de Gobierno. Cuestionar el centralismo es legítimo; convertir esa crítica en una cruzada contra otras regiones es otra cosa.
La contradicción de estos “cuatro jinetees” es todavía más evidente cuando se apagan las cámaras. En público descalifican al Gobierno de Rodrigo Paz como “débil”, “inútil”, “centralista” y carente de programa. Sin embargo, cuando necesitan gestionar algo en los despachos ministeriales de La Paz, el tono cambia. La confrontación se transforma en cortesía y las duras declaraciones quedan archivadas.
Así funcionan los dobles discursos: cuello y garganta ante los medios para alimentar el aplauso regional; voz baja y mansas ovejitas cuando están en las cuatro paredes de un despacho ministerial. Unos buscan protección frente a sus problemas judiciales; otros, recursos para justificar su gestión municipal o departamental. La autonomía cuasi federalista se convierte entonces en consigna para la tribuna y el pragmatismo en regla para los despachos.
Al final, la pregunta no es quién grita más fuerte contra el centralismo, sino quién está dispuesto a defender una verdadera descentralización sin convertirla en instrumento de privilegios o medios de impunidad. Porque una cosa es exigir recursos y competencias para Santa Cruz y otra muy distinta utilizar esa bandera para negociar cuotas de poder mientras se alimenta la confrontación entre bolivianos.
Así está Bolivia, en este momento.
