La salida de Bolivia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, adquiere otra dimensión tras conocerse una resolución fiscal que, un día antes de su anuncio, ya había dispuesto requerir su aprehensión por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
El documento, fechado el 3 de noviembre de 2026 en La Paz, lleva las firmas de los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, integrantes de una comisión especializada en la investigación de delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
La resolución dispone la aprehensión de Saucedo al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Los fiscales consideran que existen indicios para establecer su probable participación en los hechos investigados y sustentan la investigación en el artículo 48 de la Ley 1008, referido al tráfico de sustancias controladas, y el artículo 132 bis del Código Penal, sobre organización criminal.
El caso coloca al titular del máximo tribunal de justicia del país en una situación judicial particularmente delicada: de magistrado a investigado por delitos de extrema gravedad, con una orden fiscal de aprehensión que antecedió a su salida del territorio nacional.
RIESGO DE FUGA Y POSIBLE OBSTACULIZACIÓN
Los argumentos fiscales tampoco son menores. La comisión sostiene que Saucedo no habría presentado documentación idónea para acreditar su domicilio y actividad laboral en Bolivia, elementos que, a criterio de los investigadores, permitirían presumir un riesgo de fuga.
A ello se suma la posibilidad de que permanezca oculto, destruya elementos de prueba o ejerza influencia sobre testigos. Por estos motivos, la resolución invoca los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, referidos a los riesgos procesales de fuga y obstaculización.
SALIDA DEL PAÍS Y DENUNCIA DE PERSECUCIÓN
La cronología resulta particularmente llamativa. El martes 3 de noviembre, la Fiscalía emitió la resolución que requiere su aprehensión. Un día después, el miércoles 4, Saucedo comunicó que había salido de Bolivia junto con su familia.
En su pronunciamiento, el magistrado denunció persecución política y aseguró que su vida, libertad e integridad estaban en riesgo. También dejó en claro que no renunciará a su mandato en el TSJ.
Sin embargo, su denuncia de persecución no despeja los cuestionamientos planteados por la Fiscalía ni suspende las investigaciones abiertas en su contra.
FISCALÍA CONFIRMA VARIAS INVESTIGACIONES
El mismo miércoles, el fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, reconoció que existen entre dos y tres investigaciones abiertas contra Saucedo en Santa Cruz.
La autoridad anunció gestiones para concretar órdenes de aprehensión y tramitar una eventual notificación roja de Interpol, lo que podría ampliar el alcance de las actuaciones judiciales más allá de las fronteras nacionales.
El caso plantea un escenario inédito y compromete la credibilidad institucional: el presidente del máximo tribunal de justicia del país enfrenta investigaciones por narcotráfico y organización criminal, mientras la Fiscalía busca establecer su responsabilidad.
Por ahora, se trata de una investigación y de indicios fiscales, no de una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de Saucedo deberá ser determinada por la justicia.
