La controversia por los presuntos vínculos del exfiscal general Roger Mariaca con funcionarios del Consejo de la Magistratura ya abrió una grieta en esa institución. El decano Manuel Baptista y la consejera Paula Araoz desconocieron públicamente un comunicado emitido a nombre del organismo, que rechazaba las denuncias sobre el supuesto alquiler de un departamento a Mariaca por parte de un asesor de la Presidencia del Consejo.
Ambas autoridades marcaron distancia y dejaron en evidencia que no existe una posición institucional unificada frente a un caso que comienza a salpicar a las propias estructuras del sistema judicial. «No hemos autorizado ni respaldamos pronunciamiento alguno que pueda interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades o una protección institucional a favor de cualquier autoridad, asesor o funcionario», señala su nota aclaratoria.
El comunicado original, que llevaba la firma institucional del Consejo de la Magistratura, había rechazado tajantemente las acusaciones y cuestionado la difusión de información que, según el documento, carecería de sustento y podría afectar la imagen de la entidad. Sin embargo, el desmarque de dos de sus principales autoridades pone en entredicho quién tomó la decisión de emitir ese pronunciamiento y con qué respaldo institucional.
La controversia también apunta a la Presidencia del Consejo, ejercida por Carlos Spencer, quien hasta ahora guarda silencio tanto sobre el comunicado como sobre las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, relacionadas con las investigaciones de los posibles nexos de Mariaca y del prófugo expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, con instancias del sistema judicial.
Baptista y Araoz advirtieron que ninguna autoridad debe anticiparse a las investigaciones para descartar o confirmar responsabilidades. Sostuvieron que corresponde al Ministerio Público y a la Policía esclarecer los hechos, verificar los posibles vínculos y establecer eventuales responsabilidades individuales, bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
El episodio deja una señal preocupante: la institución encargada de administrar, fiscalizar y ejercer el régimen disciplinario sobre jueces y personal de apoyo del sistema judicial no consigue siquiera sostener una posición común frente a las denuncias que involucran a uno de sus propios entornos. La sombra de Mariaca no solo alcanza a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia; ahora también exhibe las fisuras del Consejo de la Magistratura.
