En medio de un clima de tensiones y protestas por parte de los profesionales médicos de Bolivia, la Comisión de Política Económica de la Cámara de Diputados ha tenido que poner el freno a un polémico proyecto de ley que proponía la jubilación forzosa. Este proyecto, que ha levantado ampollas entre los médicos, fue presentado por el gobierno como una medida para mejorar las pensiones de los jubilados, pero no todos están convencidos de sus beneficios.

Con las calles llenándose de batas blancas y el eco de las protestas resonando en cada rincón, el riesgo de una huelga prolongada en los servicios públicos de salud empezaba a ser una realidad palpable. Ante esta situación, algo tenía que ceder. Así, en una movida para calmar los ánimos y buscar una solución consensuada, el diputado Omar Yujra, presidente de la mencionada comisión, anunció un acuerdo significativo tras una reunión con los médicos y otros sectores movilizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Este acuerdo consiste en tres puntos clave: primero, la formación de una mesa técnica de trabajo que incluirá a miembros de una comisión interinstitucional junto con los sectores que se han estado movilizando. La idea es debatir y pulir el proyecto ley 035/2023-2024 con todas las cartas sobre la mesa. Segundo, mientras esta mesa técnica esté en marcha, el proyecto no se moverá al pleno para su discusión o aprobación, manteniéndolo en pausa. Y tercero, los sectores movilizados acordaron suspender todas las medidas de presión a nivel nacional mientras dure este proceso.

“Estamos satisfechos con este acta de entendimiento, y vamos a trabajar en beneficio del pueblo de Bolivia. Estaremos contentos de sacar una ley que realmente beneficie a todos”, expresó el diputado Yujra, reflejando un optimismo que se espera contagie a todas las partes involucradas.

Por ahora, parece que se ha encontrado una vía para el diálogo y la negociación, dando un respiro a los ciudadanos que dependen del sistema de salud pública. El desafío será grande, pero la esperanza es que este acuerdo marque el comienzo de una solución que satisfaga tanto a los trabajadores de la salud como al gobierno, y lo más importante, que se traduzca en mejoras para el sistema de salud boliviano.