Si Roger Mariaca, el depuesto exfiscal general del Estado, es investigado por su presunta vinculación con una organización criminal relacionada con el narcotraficante Sebastián Marset, cabe preguntarse si existen periodistas y medios de comunicación que orbitan alrededor de esos personajes y sus intereses. La respuesta no puede darse por anticipado, pero hay hechos, coincidencias y episodios que merecen una explicación.

Identificar posibles cercanías no necesariamente es difícil si se examina quiénes difundían audios exclusivos, imágenes de operativos o información privilegiada sobre investigaciones y capturas. También llama la atención que un presentador de televisión haya deslizado que Mariaca perdió la oportunidad de atrapar a varias autoridades, dejó pasar el tiempo y terminó atrapado. ¿Se trataba de una crítica periodística o había otros elementos detrás de ese relato?

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, abrió otro frente de discusión – motivo de protestas gremiales y de este comentario – al referirse a presuntos pagos del crimen organizado a medios de comunicación para desacreditar la gestión del Ministerio Público (léase gestión Urioste). La declaración provocó una reacción inmediata de organizaciones de la prensa, que cuestionaron la generalización y exigieron pruebas.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz recordaron que “las responsabilidades son personales, no colectivas, y ninguna acusación puede extenderse indiscriminadamente a los hombres y mujeres que ejercen esta profesión con honestidad y compromiso”.

El principio es incuestionable: nadie puede atribuir responsabilidades colectivas a todo un gremio. Sin embargo, la defensa legítima del periodismo no debería impedir que se investiguen posibles relaciones entre fuentes de financiamiento, intereses políticos y líneas editoriales. Las propias organizaciones de prensa conocen la diferencia entre el trabajo periodístico independiente y la utilización de medios como instrumentos de intereses ajenos a la información.

El crecimiento repentino de algunas plataformas digitales y redes televisivas también plantea preguntas sobre su sostenibilidad económica. El trabajo periodístico puede nacer de la vocación, pero mantener una estructura de producción, personal y difusión exige recursos. ¿Quién financia esos emprendimientos y qué espera a cambio? Son preguntas legítimas que requieren respuestas documentadas, no condenas anticipadas.

Hace pocas horas, una plataforma digital difundió información sobre un reconocimiento que la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca habría otorgado al exfiscal Mariaca, supuestamente después de que este pagara una cena para el gremio por un monto superior a los 4.500 bolivianos. El episodio, por sí solo, no demuestra una relación ilícita, pero sí invita a examinar con transparencia los vínculos entre autoridades y organizaciones periodísticas.

En septiembre pasado, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo protagonizó un inusual recorrido por algunos canales de televisión de La Paz. El argumento público era presentar un libro de su autoría, aunque su presencia también podía interpretarse como un intento de regresar a la escena política.

Paralelamente, trascendió que antiguos colaboradores trabajaban en un proyecto de plataforma digital con presentadores y comentaristas conocidos. La coincidencia merece seguimiento, sin convertir una iniciativa mediática en prueba de una operación política.

Tras la caída de Mariaca circularon videos en los que Marset afirmaba que era su amigo porque, según el narcotraficante, controlaba el Ministerio Público. En otro audio, Marset habría sostenido que (Sonia) Eduardo del Castillo recibía un supuesto pago mensual de 500.000 dólares. Marset y Mariaca están presos y Del Castillo, prófugo.

La captura de Marset también dejó interrogantes sobre el acceso privilegiado a información. Un canal de televisión hizo suya la investigación, operativos y sus consecuencias. ¿Quién filtraba esa información? Si se demostrara que Mariaca o personas de su entorno proporcionaban información reservada a determinados medios, sería necesario establecer con qué propósito y bajo qué circunstancias.

Pero la exclusividad periodística, por sí sola, no prueba que exista una relación con una organización criminal.

Después de la caída de Mariaca, ese mismo medio pareció perder una fuente de información privilegiada: dejaron de aparecer determinadas exclusivas sobre Marset, Fernando Cerimedo y Nadia Beller. La coincidencia temporal puede alimentar sospechas, pero no basta para establecer quién proporcionaba los datos ni si existía una relación directa con el exfiscal. Precisamente por eso, el origen de las filtraciones merece una explicación verificable.

Las organizaciones criminales no necesariamente financian sus operaciones mediante transferencias transparentes o pagos directos. Cuando buscan influir en estructuras de poder, pueden recurrir a intermediarios, supuestos empresarios, financiadores o socios que ocultan el origen de los recursos y los verdaderos intereses detrás de determinadas inversiones. El sector de los medios de comunicación tampoco está exento de ese riesgo, aunque cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en pruebas.

Por eso, en lugar de limitarse a rechazar cualquier sospecha como un ataque colectivo al periodismo, las organizaciones de prensa deberían promover mecanismos de transparencia sobre el financiamiento de medios y plataformas digitales, sin vulnerar la libertad editorial ni convertir la procedencia de los recursos en una excusa para censurar voces críticas.

En un país donde la publicidad estatal ha sido históricamente un factor de supervivencia para numerosos medios, la aparición de nuevos proyectos con capacidad de expansión merece un examen serio. No porque toda inversión privada sea sospechosa, sino porque ningún empresario invierte indefinidamente sin una expectativa de retorno, que no siempre tiene que ser económico.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿hay periodistas y medios en la órbita de Marset, Mariaca y Del Castillo? No corresponde responderla con insinuaciones ni condenas anticipadas. Corresponde investigar quién financia, quién filtra, quién obtiene beneficios y si existen pruebas de que determinados espacios informativos fueron utilizados para proteger intereses políticos o criminales.

Defender el periodismo independiente también significa exigir transparencia a quienes podrían utilizarlo como cobertura y no ampararse en viejo discurso de “atentado a la libertad de prensa, a la libertad información y libertad de expresión”.