El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, respaldó la tesis de la sucesión constitucional al reconocer al vicepresidente Edmand Lara como presidente en ejercicio durante la ausencia de Rodrigo Paz y, posteriormente, al titular del Senado, Diego Ávila, ante el viaje de Lara a Paraguay.
Durante el acto del Órgano Judicial por los 216 años del grito libertario de Santa Cruz, Mariaca se dirigió a Ávila como presidente del Estado y afirmó: “Saludar al presidente de la Cámara de Senadores y como yo le decía anoche, presidente constitucional el día de hoy en Bolivia. Porque para mí lo es eso. No estando el presidente ni el vicepresidente, quien asume es el presidente del Senado de nuestro país. Allá los comentarios”.
La declaración se produce en medio de la controversia abierta después de que Lara se declarara presidente en ejercicio, invocando el artículo 169 de la Constitución, ante el viaje de Paz a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Lara cuestionó además la validez del Decreto Supremo 5515, que establece mecanismos de gobernanza digital para permitir el ejercicio de funciones presidenciales a distancia.
Posteriormente, Lara viajó a Paraguay y sostuvo que correspondía aplicar la línea de sucesión ante su ausencia. En ese escenario, la posición expresada por Mariaca coloca a Ávila como presidente constitucional durante la ausencia simultánea de Paz y Lara.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, coincidió con la interpretación de la sucesión y afirmó que, ante la ausencia del presidente y vicepresidente, debe aplicarse lo establecido por la Constitución. Añadió que “un decreto no está por encima de la Constitución”.
Ávila, sin embargo, rechazó que se hubiera producido una transmisión constitucional del mando y afirmó: “Expresar con absoluta claridad que el presidente constitucional de la República es el licenciado Rodrigo Paz Pereira”. Sostuvo que no existe argumento constitucional o legal que haya producido una transición temporal de la Presidencia.
El diputado del PDC Ricardo Radas también cuestionó la declaración de Mariaca y señaló que se trata de una posición personal sin efectos jurídicos, porque la Fiscalía no sería la instancia competente para definir la sucesión presidencial. A su criterio, la controversia debería ser resuelta por las instancias constitucionales correspondientes.
La disputa queda así concentrada en dos interpretaciones: por un lado, quienes sostienen que la ausencia territorial simultánea del presidente y vicepresidente activa la sucesión prevista en la Constitución; por otro, quienes consideran vigente el DS 5515 y sostienen que Paz puede continuar ejerciendo sus funciones desde el exterior mediante mecanismos digitales.
