El Gobierno habilitará un mecanismo institucional para recibir denuncias por presuntos cobros ilegales, extorsión y exigencias de beneficios indebidos atribuidos a magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de Derechos Reales y efectivos policiales, en el marco del Decreto Supremo 5749, promulgado el 13 de octubre de 2026 por el presidente Rodrigo Paz.
La norma encarga al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia la recepción, registro, procesamiento y canalización de las denuncias, mediante oficinas centrales, enlaces departamentales y una plataforma digital.
El mecanismo contempla la protección de la identidad de los denunciantes, mediante un código confidencial que sustituirá sus datos personales. Las denuncias podrán ser derivadas a las unidades de Transparencia, instancias disciplinarias y, cuando existan antecedentes que lo justifiquen, al Ministerio Público para evaluar el inicio de acciones penales.
El decreto incluye a servidores y exservidores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Derechos Reales y Policía Boliviana, por presuntos hechos de concusión, exacciones, dádivas y otros cobros indebidos relacionados con actuaciones judiciales o administrativas.
Además, el Viceministerio podrá intervenir como coadyuvante o querellante en procesos penales, conforme a la normativa vigente, y promover mecanismos de coordinación con las instituciones involucradas. Sin embargo, la disposición no sustituye las competencias de las autoridades judiciales, fiscales ni disciplinarias, y tampoco autoriza interferencias en decisiones jurisdiccionales.
El DS 5749 establece un plazo máximo de cinco días hábiles, computables desde su publicación, para que el Viceministerio informe sobre la ubicación de sus oficinas y enlaces departamentales, además de los medios digitales habilitados para recibir las denuncias.
La disposición busca centralizar la recepción y el seguimiento de denuncias de presunta corrupción en el sistema de justicia y la Policía, sin crear nuevos delitos ni reemplazar los procedimientos penales y disciplinarios existentes.
