Un peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció un presunto daño económico de 47,8 millones de bolivianos en la compra de 60 buses PumaKatari realizada en 2012, durante la gestión del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, hoy candidato a la Gobernación paceña.

El informe, remitido el 14 de octubre de 2024 al fiscal del caso, señala un pago sobredimensionado equivalente a unos 70 mil dólares por cada bus, además de la no ejecución de boletas de garantía y multas contractuales. La denuncia fue presentada por el dirigente vecinal Jesús Vera y cuenta con la adhesión de la Procuraduría General del Estado y la Alcaldía paceña.

El hecho que surja este tema en plena campaña electoral, pone contra las cuerdas a Luis Revilla porque ya no tiene argumento para desvirtuar el sobreprecio aplicado en la Alcaldía y levanta el temor de que podría ocurrir lo mismo si llega a ser Gobernador paceño.

Revilla rechazó el dictamen, lo calificó como parte de una “guerra sucia” electoral y anunció acciones legales contra el auditor y el denunciante. Sin embargo, el contenido del peritaje reabre cuestionamientos sobre uno de los proyectos emblemáticos de su gestión municipal.

El caso vuelve a tensar la relación entre justicia y política en plena carrera subnacional. Mientras la defensa habla de persecución, el informe técnico pone bajo lupa la transparencia en la contratación y ejecución del sistema de transporte PumaKatari. La definición final quedará en manos de los tribunales, pero el impacto político ya está en curso.