Nunca antes, en cuatro décadas de vida democrática, un ministro de Estado había tomado la iniciativa de pedir su propia interpelación ante el Legislativo. El hecho, inusual por donde se lo mire, reconfigura el sentido tradicional de este mecanismo de fiscalización -históricamente impulsado por la oposición- y lo convierte en una jugada política de alto riesgo y, al mismo tiempo, de potencial alto rendimiento.

Este viernes 17 de abril, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, decidió “lanzar el guante” a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En un contexto donde la interpelación suele ser utilizada por diputados y senadores como herramienta de desgaste político y vitrina mediática, la movida rompe el libreto: es el propio interpelado quien pide ser convocado. El gesto no es menor. Supone confianza en los resultados de gestión, pero también una lectura estratégica del momento político.

La apuesta es clara. Si Oviedo logra salir airoso, no solo consolidará su posición como una de las figuras más fuertes del gabinete del presidente Rodrigo Paz, sino que podría convertir la interpelación en un respaldo político explícito desde el Legislativo. Sin embargo, el riesgo es igual de contundente: una eventual censura implicaría su salida inmediata, en cumplimiento de la norma que impide a un ministro censurado volver al cargo.

El trasfondo del desafío es aún más complejo. La captura de Sebastián Marset ha abierto una caja de resonancias que todavía no termina de dimensionarse. Las posibles derivaciones del caso podrían salpicar a exautoridades, operadores judiciales, policías e incluso actores de opinión pública, bajo sospechas de haber facilitado redes de protección. En ese escenario, la interpelación no será solo un balance de gestión, sino un espacio donde podrían emerger tensiones acumuladas.

A esto se suma un entorno adverso para el ministro. Oviedo enfrenta un fuerte asedio mediático, particularmente desde una red televisiva cuyo financiamiento ha sido cuestionado, así como una oposición legislativa que parece haber encontrado puntos de coincidencia -inusuales en otros temas- a partir de casos recientes como el de las “maletas”. La interpelación, por tanto, también será un campo de disputa narrativa.

No obstante, el alcance del pulso político trasciende la figura del ministro. Los cuestionamientos apuntan, en última instancia, al propio gobierno y a la figura del presidente Rodrigo Paz, bajo la premisa de una supuesta debilidad estructural frente a un clima social que anticipa movilizaciones crecientes hacia el 1 de mayo.

En este contexto, la carta enviada por Oviedo al presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara Montaño, solicitando su convocatoria “con carácter de urgencia”, adquiere un peso simbólico y político particular. El ministro ha planteado que su intención es informar “de cara al pueblo boliviano” sobre las acciones desarrolladas en la lucha contra el narcotráfico.

Entre los argumentos que llevará al hemiciclo, destacan los resultados que su despacho considera relevantes: en cinco meses de gestión, asegura, se logró la captura de Sebastián Marset —posteriormente expulsado a Estados Unidos—, la destrucción de más de 300.000 fábricas de producción de cocaína y la incautación de 282 toneladas de droga entre cocaína y marihuana. Cifras que, en su narrativa, buscan consolidar la idea de una gestión efectiva.

Así, la interpelación deja de ser un trámite rutinario para convertirse en un punto de inflexión. Más que un examen parlamentario, será una prueba política de resistencia y legitimidad. Oviedo ha decidido adelantarse al juicio. Ahora, la Asamblea tendrá la última palabra.