El intento de llevar a Evo Morales ante la justicia por un caso de trata de personas vuelve a tropezar con obstáculos básicos: ni siquiera ha sido posible notificarlo formalmente. Ante esta situación, la Fiscalía anunció que recurrirá a la citación por edicto, un mecanismo legal utilizado cuando el acusado no puede ser ubicado, lo que deja en evidencia las limitaciones del sistema para hacer cumplir sus propias decisiones.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión contra el exmandatario sigue vigente. Sin embargo, admitió que el proceso enfrenta dificultades operativas que han impedido avanzar con normalidad. Según explicó, el oficial de diligencias del Tribunal no logró concretar la notificación a Morales, pese a que el proceso ya fue radicado.

“Lo que sí se ha tenido un percance es con relación al oficial de diligencia del Tribunal (…) no ha podido tener esa posibilidad”, declaró Mariaca, dejando entrever una cadena de fallas que va más allá de un simple trámite administrativo.

Este recurso permite notificar mediante edictos cuando el acusado “no es habido”, una figura que, en este caso, expone la paradoja de un personaje público cuya localización es conocida, pero institucionalmente inalcanzable.

En paralelo, el fiscal general descartó que los recientes movimientos internos dentro del Ministerio Público afecten este caso. Aclaró que la comisión de fiscales asignada se mantiene intacta y que las destituciones registradas responden a procesos disciplinarios de carácter nacional, sin relación con esta causa.

Mariaca también precisó que este es, hasta el momento, el único proceso penal activo contra Morales que ha llegado a la etapa de acusación formal y que está a las puertas de un juicio oral. “Es el único proceso en el cual él se encuentra acusado”, indicó.

Mientras tanto, el exmandatario permanece en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, una zona donde su presencia es resguardada por sectores afines que controlan el ingreso de personas externas. Este cerco territorial, tolerado en la práctica, contrasta con la vigencia de una orden de aprehensión que, en los hechos, no se ejecuta.

El caso pone en evidencia una tensión persistente: un sistema judicial que formalmente avanza, pero que choca con límites políticos y territoriales cuando se trata de hacer efectivas sus decisiones. La citación por edicto, más que un simple paso procesal, termina siendo el reflejo de esa fragilidad estructural.