El expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, fue aprehendido por la Policía Boliviana acusado de presunto incumplimiento de deberes, dentro de una investigación relacionada con supuestas irregularidades y modificaciones contractuales en la construcción de la carretera doble vía El Sillar.
Nina dejó el cargo en medio de cuestionamientos y denuncias impulsadas por el entonces diputado del MAS del ala evista, Héctor Arce, quien lo acusó de estar vinculado al presunto cobro de millonarias coimas. Dichas denuncias generaron una amplia controversia política y abrieron un debate sobre el alcance de las investigaciones y la presunta existencia de protección política derivada de su cercanía con organizaciones sociales.
La aprehensión ocurre además en un contexto de conflictividad social y movilizaciones en el país. Sectores interculturales de Caranavi —región donde Nina mantenía una importante influencia política y sindical— han sido mencionados dentro del escenario actual de protestas y movilizaciones, en un conflicto que también ha abierto cuestionamientos sobre las estructuras de apoyo y financiamiento que respaldan determinadas acciones.
El exfuncionario permanece actualmente en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que la autoridad judicial deberá definir si enfrenta el proceso con detención preventiva o bajo medidas sustitutivas.
Su reciente aprehensión rompe la percepción de protección política y corporativa que lo rodeó durante años y abre nuevas interrogantes sobre si el proceso podría alcanzar a otros niveles de decisión dentro del Ministerio de Obras Públicas o del propio Órgano Ejecutivo.
LA HISTORIA DE HENRY NINA
De dirigente social a administrador de la caja vial del Estado. Henry Nina Alarcón construyó su poder político como el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), pieza clave del Pacto de Unidad. Su salto a la gestión pública ocurrió en noviembre de 2020, cuando el presidente Luis Arce lo posesionó como presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), cargo que ejerció hasta su renuncia en agosto de 2023. Su paso por la estatal estuvo marcado por constantes escándalos de corrupción de alto impacto mediático y judicial.
El perfil de sus antecedentes y las principales líneas de investigación fiscal en su contra revelan un complejo entramado de supuestos sobornos, desvío de fondos y adjudicaciones dirigidas.
1. El caso «coima millonaria» (Doble Vía Sucre-Yamparáez)
El escándalo de mayor repercusión estalló en agosto de 2022, impulsado por una denuncia formal del diputado del MAS (ala evista) Héctor Arce. Se acusó a la cúpula de la ABC de haber pactado un soborno de Bs 18.2 millones (aproximadamente 2.6 millones de dólares, equivalentes al 4% del valor total de la obra) con la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC) para garantizar la adjudicación de la carretera Doble Vía Sucre-Yamparáez.
- El mecanismo del dinero: De acuerdo con los informes de la Fiscalía de ese entonces, el cobro del dinero se ejecutó mediante un mecanismo de desmonetización. El gerente de CHEC supuestamente utilizó el 20% del anticipo estatal otorgado para la obra para comprar facturas falsas a una empresa de alquiler de equipamiento por un valor del 5.3%, logrando así blanquear el dinero en efectivo que salía de cuentas del Banco BISA.
- La implicación directa: En las audiencias cautelares iniciales de 2022, declaraciones de la Fiscalía apuntaron a que el propio Henry Nina, en complicidad con su hermana, habría cobrado de forma presencial un adelanto de 1.3 millones de dólares en marzo de ese año.
- Defensa y resolución política: Nina desmintió categóricamente la acusación, alegando que se trataba de una campaña de «difamación» y discriminación hacia su origen campesino. A pesar del pedido de la Procuraduría General del Estado en septiembre de 2022 para que se lo aprehendiera en calidad de denunciado, el proceso penal sufrió severas dilaciones y los principales investigados de la firma extranjera terminaron beneficiados, debilitando el caso en las instancias judiciales de Chuquisaca.
2. El Caso «El Sillar» y su reciente aprehensión
Tras salir de la ABC en 2023, la situación penal de Nina dio un giro definitivo. En las últimas horas de mayo de 2026, la Policía Boliviana ejecutó una orden de aprehensión en contra del exfuncionario, quien actualmente se encuentra retenido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz a la espera de su imputación formal.
Este arresto responde a las presuntas irregularidades económicas y estructurales en la construcción del macroproyecto del Tramo Carretero El Sillar, una de las vías críticas que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
- Los Delitos Imputados: Se le investiga formalmente por:
- Incumplimiento de deberes.
- Conducta antieconómica.
- Contratos lesivos al Estado.
- Alcance: El Ministerio Público indaga las fallas geológicas mal calculadas, recepciones provisionales observadas y el manejo de planillas presupuestarias en el denominado caso «El Sillar III», un proceso penal que también salpica la gestión del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
3. Enriquecimiento ilícito y el caso «Guerreros Azules»
Las investigaciones de inteligencia financiera y de la Fiscalía general expandieron el espectro criminal de Nina más allá de los contratos viales de la ABC. Previo a su captura por el caso El Sillar, a inicios de 2026 ya se había emitido una orden de aprehensión en su contra bajo un pliego acusatorio que vincula el movimiento irregular de capitales con fines de control político.
- Desvío de fondos: Se le acusa de legitimación de ganancias ilícitas al no poder justificar el incremento de sus activos financieros durante el periodo de su gestión pública.
- Financiamiento de grupos de choque: La Fiscalía rastreó el flujo de dineros que supuestamente salieron de cuentas ligadas a la red de la ABC para el financiamiento logístico de los «Guerreros Azules», un grupo de choque civil utilizado para neutralizar bloqueos de caminos de facciones contrarias y operaciones de control territorial en el norte de La Paz y el Trópico.
