La controversia política interna comenzó a escalar luego de que la diputada argentina Mercedes Trimarchi participara en actos y movilizaciones desarrolladas en El Alto junto a sectores movilizados contra el Gobierno. La legisladora del bloque de izquierda del parlamento de Buenos Aires estuvo presente en un cabildo en Senkata y en un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), donde expresó respaldo a las protestas y lanzó críticas contra la administración de Rodrigo Paz, a la que calificó de “derecha”.

A raíz de ello, el director de Migración, Eddy Ordoñez, denunció una presunta “intromisión directa” en asuntos internos del país y anunció gestiones mediante Cancillería para evaluar acciones en el marco de la normativa migratoria.

La autoridad recordó que la parlamentaria ingresó a Bolivia en calidad de turista y sostuvo que ninguna autoridad extranjera puede involucrarse en asuntos políticos internos del Estado boliviano. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no precisó qué tipo de sanción concreta podría aplicar, evidenciando dudas sobre el alcance real de las medidas disponibles.

Protesta diplomática: el primer paso político

La primera vía que suele activarse en este tipo de casos es la diplomática. Bolivia puede emitir una nota formal de protesta mediante Cancillería y convocar al embajador argentino para exigir explicaciones sobre la actuación de la diputada.

Se trata de medidas políticas destinadas a expresar rechazo institucional sin llegar todavía a una sanción directa contra la legisladora.

En escenarios de mayor tensión, incluso podría producirse un “llamado a consultas” del embajador boliviano en Buenos Aires, una señal diplomática utilizada cuando un país considera que hubo una afectación a su soberanía o una interferencia externa.

Persona no grata y restricciones migratorias

En el plano migratorio, el Gobierno boliviano tiene facultades más concretas. Una de las más severas es declarar a Trimarchi “persona no grata”, figura utilizada para comunicar oficialmente que su presencia ya no es bienvenida en territorio nacional.

Junto a ello, Migración podría cancelar cualquier autorización de permanencia, activar alertas migratorias o prohibir su reingreso al país. Si la legisladora permaneciera en territorio boliviano tras una notificación oficial, incluso podría abrirse la posibilidad de una expulsión administrativa, siempre que no exista algún tipo de inmunidad reconocida mediante misión diplomática formal.

El factor político y legislativo

Más allá del terreno migratorio, el caso también podría trasladarse al ámbito político-parlamentario. La Asamblea Legislativa boliviana tiene la posibilidad de emitir pronunciamientos de censura o rechazo institucional, argumentando vulneración al principio de no injerencia en asuntos internos.