No es algo inesperado, sino el resultado de un intenso y acelerado lobby político entre las bancadas mayoritarias, que este domingo decidieron incorporar a la agenda del Senado, mediante alteración del orden del día, el proyecto para abrogar la Ley de Estados de Excepción.

La señal política parece dirigida al presidente Rodrigo Paz: aún existiría un “salvavidas” institucional y democrático que podría abrir la puerta a mecanismos para restablecer la autoridad del Estado frente al actual escenario de caos y convulsión social.

El gobierno de Rodrigo Paz lleva cuatro semanas acorralado por los conflictos planteados por la Central Obrera Boliviana y reforzada por una “marcha para salvar Bolivia” enviada por Evo Morales desde el Chapare que es el grupo más radical y violento que tomó la semana pasada el centro de la ciudad de La Paz.

Muchos sectores le han pedido un estadio de sitio o también llamado “estado de excepción” pero hasta hoy debe cumplir una serie de requisitos. Si bien, el gobierno no lo ha descartado, pero tampoco ha indicado que se opone a la reciente aprobación en el Senado.

Hasta ahora no ha dado resultado ni el diálogo sectorizado con sindicatos que le sacaron una tajada al gobierno, las ofertas en bloque con organismos sindicales ni la reciente caravana de banderas blancas par abrir un corredor humanitario. El gobierno no ha logrado convencer con nada a los sindicatos que ha cambiado su libreto por el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Hasta ahora, la consigna de las movilizaciones ya no es la atención a su pliego sindical, sino la renuncia con el añadido deseo de Evo Morales de que se llame a elecciones en seis meses, como condición básica para desactivar los puntos de bloqueo y las movilizaciones de presión.

En ese contexto de conflictividad, el Senado en pleno se trasladó a Sucre para participar de la sesión protocolar por el Grito Libertario del 25 de Mayo de 1809, pero esa jornada de carácter conmemorativo terminó convirtiéndose también en una muestra de que, cuando existe consenso político, una norma puede avanzar a velocidad inusual. La llamada “sesión ligera” dejó claro que, con acuerdos previos, los tiempos parlamentarios pueden comprimirse hasta resolverse en menos de media hora.

Es cierto que el proyecto aprobado para dejar sin efecto la Ley 1341 contiene un solo artículo; sin embargo, en circunstancias normales una iniciativa de estas características podría haber generado una discusión más extensa y un debate parlamentario cargado de posiciones encontradas. Pero ocurrió lo contrario.

El presidente del Senado solicitó la alteración del orden del día, la propuesta fue aprobada con más de dos tercios, se puso a consideración y, tras apenas dos o tres intervenciones de rigor, fue sometida a votación y remitida a la Cámara de Diputados.

Tras la aprobación de la iniciativa, el presidente del Senado, Diego Ávila, sostuvo que la Ley 1341 habría sido utilizada con fines políticos. Recordó además que ahora corresponde a la Cámara de Diputados revisar y definir el futuro de la norma aprobada este domingo en Sucre.

Para Ávila, la Ley de Estados de Excepción, impulsada durante la presidencia de Eva Copa en el Senado, terminó convirtiéndose en una herramienta “manejada con fines políticos y partidarios”.

Según afirmó, se trataría de una norma que imponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de pacificar el país y de encontrar espacios de entendimiento entre los bolivianos, reivindicando el diálogo como la principal vía para superar la crisis.