ANÁLISIS: Al Punto y Al Punto
Ni los diálogos sectoriales donde el Gobierno terminó concediendo parte de las demandas, ni las charlas de tanteo con dirigentes Tupac Katari y Bartolina Sisa, ni la mediación del Defensor del Pueblo, organismos de Derechos Humanos o la Iglesia Católica de El Alto, y menos aún la reciente instalación del Consejo Económico y Social, lograron acercar una solución real al conflicto social que ya bordea un mes de bloqueos y movilizaciones en Bolivia.
El discurso oficial insiste en el “diálogo” como única salida, pero en los hechos las carreteras continúan tomadas, la economía paralizada y el desgaste político se profundiza.
La Paz ya registra pérdidas superiores a los 450 millones de dólares, mientras el impacto económico en el oriente del país todavía no termina de cuantificarse. Todo ocurre además en medio de una crisis por escasez de dólares, caída de actividad económica y creciente incertidumbre social.
La Asamblea Legislativa incluso terminó otorgando al Ejecutivo un “salvavidas” político al abrogar la ley que restringía la aplicación de un eventual estado de sitio, aunque el presidente Rodrigo Paz prefirió mantenerse únicamente en la oferta de diálogo y evitar medidas de mayor presión.
Sin embargo, cada nueva convocatoria parece terminar igual: fotografías, discursos conciliadores y ninguna solución concreta.
En medio de ese vacío apareció también el vicepresidente Edmand Lara, quien impulsó su propio espacio de diálogo con ministros, parlamentarios, representantes de la Iglesia y organismos de derechos humanos.
Pero el foro nació debilitado desde el inicio, porque no participaron los actores centrales del conflicto, entre ellos el dirigente de la COB, Mario Argollo, ni Vicente Salazar de la Federación Tupac Katari. Sin los protagonistas reales de las movilizaciones, la reunión terminó pareciendo más una escenificación política que una mesa efectiva de negociación.
Tampoco funcionaron los llamados “desbloqueos humanitarios” con banderas blancas ni el despliegue conjunto de policías y militares.
Los sectores más radicalizados dejaron atrás sus demandas iniciales y ahora colocan sobre la mesa una exigencia política: la renuncia presidencial y la convocatoria a elecciones en un plazo de seis meses. El conflicto dejó de ser estrictamente social y se transformó en una disputa abierta por el poder.
Mientras tanto, Bolivia sigue desangrando su economía. El conflicto consume la gestión gubernamental y expone a un Ejecutivo atrapado entre la presión callejera, el desgaste político y la falta de una estrategia capaz de recuperar el control de la crisis. El “diálogo permanente” empieza a sonar más como consigna repetida que como una herramienta efectiva para resolver el problema.
En ese escenario, la participación de la alianza Libre tampoco parece modificar demasiado el rumbo de los acontecimientos. La jefa de bancada en el Senado, Tomasa Yarhui, propuso incorporar como veedores del diálogo a embajadores de Argentina, Brasil, España, la Unión Europea y a la Iglesia Católica, en un intento de dar mayor legitimidad al proceso. Sin embargo, la iniciativa terminó pareciendo otro esfuerzo más de ampliación protocolar antes que una salida concreta al conflicto.
Mientras las carreteras continúan bloqueadas y las pérdidas económicas aumentan día tras día, la política boliviana sigue sumando mesas, mediadores y declaraciones, pero sin lograr sentar realmente a quienes controlan la protesta. Y en medio de ese escenario, cada nuevo “diálogo” corre el riesgo de convertirse únicamente en otra reunión más para administrar una crisis que no deja de agravarse.
