El Gobierno denuncia un supuesto “boicot interno” en el suministro de combustibles, pero —según la oposición— mantiene intacta la estructura que dice combatir dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Desde Oruro, el senador de Libre, José Sánchez, cuestionó la falta de acciones concretas tras las acusaciones públicas del presidente Rodrigo Paz, y advirtió que las quejas no sustituyen decisiones firmes contra quienes ocupan cargos estratégicos en la estatal petrolera.
Sánchez observó la contradicción entre el discurso oficial y la permanencia de funcionarios vinculados a anteriores gestiones del MAS, a quienes Libre señala como parte de una estructura que habría institucionalizado prácticas irregulares durante casi dos décadas. “Hablan de boicot, pero mantienen a las mismas cabezas”, resumió el legislador en declaraciones a Radio Fides, apuntando a la responsabilidad directa del Ejecutivo en los nombramientos y en la continuidad administrativa dentro de YPFB.
La crítica se da en un contexto donde la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue suspendida, lo que, según dijo, limita la fiscalización parlamentaria en plena crisis de abastecimiento. Para Libre, no basta con anunciar investigaciones o advertir con procesos penales si no se produce una depuración efectiva de cuadros y una reforma estructural del aparato estatal que rompa con la herencia masista.
Mientras el presidente insiste en que los responsables serán identificados y enviados a prisión, la oposición sostiene que la inacción fortalece precisamente a quienes el Gobierno acusa. La paradoja política es evidente: se denuncia sabotaje, pero no se desmantela la supuesta red. Y en medio de esa tensión, la crisis de combustibles sigue sin una explicación clara ni responsables visibles ante la ciudadanía.
