Análisis Al Punto y  Al Fondo

La pregunta no es retórica; es una radiografía del sistema de poder en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta hoy un asedio que pide su renuncia a solo seis meses de gestión. Pero, ¿la demanda es realmente democrática o es el síntoma de una «abstinencia de prebenda»? Si el Ejecutivo decidiera mañana mismo reabrir los grifos de dinero discrecional que alimentaron a las cúpulas sindicales durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, el bloqueo en La Paz se disolvería antes del anochecer.

Para entender el conflicto actual, hay que mirar las cifras del pasado. Durante casi dos décadas, el Estado no solo «apoyó» a los sindicatos; los convirtió en socios comerciales y ejecutores de gasto público.

• El Fondo Indígena (FONDIOC): La caja negra.

Bajo la gestión de Morales y con Luis Arce como Ministro de Economía, el Fondo Indígena canalizó cientos de millones de bolivianos directamente a cuentas particulares de dirigentes. Según las investigaciones del caso, el daño económico por proyectos «fantasma» superó los 102 millones de bolivianos, aunque informes de la intervención sugirieron que los montos observados por falta de descargos administrativos y ejecución superaban los 522 millones de bolivianos.

• Aportes y «sueldos» sindicales:

Recientemente, se ha denunciado que existen cúpulas de apenas 50 sindicalistas que logran captar del sistema, entre aportes y beneficios, sumas que ascienden a los 18 millones de dólares anuales. Este dinero no llega a las bases; se queda en la estructura que hoy moviliza a los bloqueadores.

• Incentivos a título de «proyecto»:

El mecanismo era perversamente simple: el sindicato presentaba un proyecto (sedes sindicales, compra de ganado, sistemas de riego). El Estado desembolsaba el dinero directamente a los dirigentes. En muchos casos, las obras nunca se concluían o eran entregadas con sobreprecios astronómicos, pero el apoyo político al gobierno de turno quedaba garantizado.

El corte de la prebenda: El pecado capital de Paz Pereira

Rodrigo Paz ha cometido el «error» de tratar de sanear las cuentas públicas en un país donde la lealtad sindical se cotiza en el Presupuesto General del Estado (PGE). Al centralizar los proyectos de inversión en los municipios y eliminar los desembolsos directos a cuentas personales de secretarios ejecutivos, el Gobierno ha desatado una guerra de supervivencia.

No es la Ley 1720 lo que les quita el sueño a los dirigentes; es el fin de la era en la que ser representante de una federación era más rentable que ser gerente de una multinacional. Los bloqueos que hoy asfixian a La Paz son, en gran medida, una medida de presión para que el «soborno estatal» regrese bajo una nueva etiqueta.

¿Renuncia o retorno al pasado?

Si la actual administración decidiera reponer los privilegios, los viajes en avión oficial para dirigentes y los fondos sin fiscalización, la «renuncia» dejaría de ser una consigna. Sin embargo, Bolivia se enfrenta a un dilema moral y económico:

¿Es preferible un gobierno sitiado por la honestidad fiscal o un gobierno estable sostenido por la corrupción institucionalizada?

La respuesta a la pregunta del título es casi una certeza: si Rodrigo Paz repondría el soborno, las flores reemplazarían a las piedras en los puntos de bloqueo. El conflicto actual no es solo por una ley o por la gasolina; es el último estertor de una estructura sindical que se niega a trabajar sin el subsidio del Estado.