El Gobierno del presidente Rodrigo Paz ha solicitado cerca de $us 3.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de reforzar las reservas internacionales, en un giro que contrasta con su discurso de campaña, cuando rechazaba acudir a este organismo por razones ideológicas. La decisión marca un cambio de rumbo en la política económica oficial, en medio de crecientes presiones sobre la liquidez del país.
Durante el periodo electoral, Paz aseguró que Bolivia no necesitaba endeudarse y afirmó que “la plata alcanza si no se roban”, en referencia a que la corrupción era el principal problema de las finanzas públicas. Su postura coincidía con sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) afines a Evo Morales, que históricamente han cuestionado cualquier acercamiento al FMI. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, la realidad fiscal y externa parece haber impuesto condiciones distintas a las planteadas en campaña.
Según un reporte de Bloomberg, citado por el diario El Deber, el Ejecutivo no solo busca apoyo del FMI, sino que también ha iniciado contactos con inversionistas internacionales para evaluar una eventual emisión de bonos en dólares, en un intento por recuperar acceso a financiamiento externo. Este doble movimiento refleja la urgencia por captar divisas en un contexto marcado por la caída de ingresos por exportaciones de gas, principal fuente histórica de dólares para la economía boliviana.
La escasez de divisas ha comenzado a tensionar variables clave, desde la importación de combustibles hasta el cumplimiento del servicio de la deuda externa, mientras las reservas internacionales se mantienen en niveles que no logran transmitir confianza a los mercados. En este escenario, el recurso al FMI aparece menos como una opción estratégica y más como una necesidad forzada para evitar un mayor deterioro del frente externo.
Así, el giro del Gobierno no solo expone una contradicción política, sino también las limitaciones estructurales de la economía boliviana, que hoy depende de organismos internacionales para recomponer credibilidad y acceso a financiamiento. El respaldo —si se concreta— podría aliviar la presión inmediata, pero también reabre el debate sobre la sostenibilidad del modelo económico y la distancia entre el discurso político y la gestión efectiva.
