Lo que parecía un milagro en medio de una de las peores tragedias aéreas registradas en Bolivia en los últimos 50 años, hoy terminó convertido en un proceso penal. Los pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), James R. E. y Erick R. Z., que sobrevivieron al fatal accidente del avión Hércules ocurrido el 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ahora enfrentan una imputación formal por homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía incluso pidió seis meses de detención preventiva para ambos oficiales.

El accidente dejó un saldo devastador de 23 personas fallecidas y 37 heridas, luego de que la aeronave militar fallara en plena maniobra de aproximación y terminara impactando en una zona urbana de la ciudad de El Alto. El desastre conmocionó al país entero no solo por la magnitud de la tragedia, sino porque pudo haber provocado una catástrofe aún mayor en áreas densamente pobladas. Contra todo pronóstico, los pilotos lograron sobrevivir al impacto, en un hecho que muchos calificaron entonces como un verdadero milagro.

Sin embargo, apenas dos meses después, la atención parece haberse desplazado de las causas estructurales del accidente hacia la responsabilidad directa de quienes estuvieron en la cabina. Mientras continúan las investigaciones técnicas sobre el estado de la aeronave, las condiciones climáticas extremas y los protocolos de seguridad de la FAB, la justicia decidió avanzar con rapidez sobre los sobrevivientes de la tragedia.

El caso además arrastra otro capítulo polémico: dentro del Hércules era transportado un cargamento de billetes de la Serie B enviado desde Santa Cruz hacia La Paz. Parte del dinero quedó dañado tras el accidente y posteriormente el Banco Central de Bolivia determinó invalidar esa serie, una decisión que generó caos monetario, incertidumbre y reclamos en distintos sectores del país.

Ahora, mientras familiares de las víctimas exigen respuestas y la opinión pública debate responsabilidades, los dos pilotos que lograron salir con vida del peor accidente aéreo en décadas podrían terminar tras las rejas. Una situación que para muchos refleja el lado más insólito y controversial de la justicia boliviana.