El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, expresó su profunda consternación por el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, y demandó una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables. La autoridad advirtió que este crimen no puede quedar en la impunidad y remarcó la necesidad de que el Estado actúe con firmeza frente a las estructuras del crimen organizado.

A través de sus cuentas oficiales, Callisaya sostuvo que el hecho refleja la gravedad de la violencia que golpea al país y exhortó a las instituciones encargadas de la investigación y seguridad a actuar con celeridad y transparencia. “Este hecho de extrema violencia no puede quedar en la impunidad”, señaló la autoridad defensorial, al exigir además el respeto al debido proceso durante las pesquisas.

El Defensor del Pueblo recordó que la protección de la vida y la seguridad ciudadana constituyen obligaciones fundamentales del Estado, por lo que pidió respuestas inmediatas para devolver certidumbre a la población. En ese marco, insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a organizaciones criminales que amenazan la convivencia pacífica y generan zozobra en el país.

La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por el incremento de hechos de violencia extrema y subrayó que la lucha contra el crimen organizado requiere acciones coordinadas, prevención y una política de seguridad más contundente. La institución remarcó que el asesinato de una alta autoridad judicial debe marcar un punto de inflexión para reforzar las acciones estatales contra las redes delictivas.