La ofensiva política y sindical impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) ingresó este viernes a un terreno deleznable luego de que la justicia constitucional estableciera límites al alcance de los bloqueos y las medidas de presión que afectan servicios esenciales y derechos fundamentales.

El fallo emitido por una Sala Constitucional, a partir de una Acción Popular redefine el escenario del conflicto al sostener que el derecho a la protesta no protege bloqueos absolutos cuando estos impiden el acceso a salud, alimentación, educación, seguridad o libre circulación.

La resolución, además, obliga al Estado a actuar para restablecer el tránsito y habilita la individualización de responsabilidades penales contra quienes mantengan cierres prolongados y violentos.

A partir de este criterio constitucional, los dirigentes y participantes de bloqueos podrán ser procesados de manera individual si se demuestra afectación a derechos fundamentales. Aquí, ya no hay fuero sindical, sino delito común.

El fallo también coloca presión sobre el Gobierno, al exigirle intervenir de forma pacífica, priorizando el diálogo, pero sin permanecer pasivo frente a medidas consideradas ilegales.

El debilitamiento del paro indefinido no solo responde al fallo judicial, sino también a la falta de cohesión interna dentro del movimiento sindical.

Seis departamentos -Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, Potosí, Beni y Tarija- decidieron ignorar total o parcialmente la convocatoria nacional, evidenciando una fractura territorial inédita para la principal organización obrera del país.

En varias regiones, las dirigencias departamentales optaron por preservar la estabilidad económica y evitar una confrontación política que consideran ajena a las demandas laborales originales.

La falta de paralización efectiva terminó exhibiendo una COB con limitada capacidad de articulación nacional.

A dos semanas de iniciarse el conflicto, el nivel de quiebre interno dentro del sindicalismo boliviano y marcó distancia con la estrategia de presión orientada a exigir la dimisión presidencial.

El escenario que emerge tras el fallo constitucional y el escaso acatamiento regional muestra a una COB políticamente aislada y con crecientes dificultades para sostener un paro indefinido de alcance nacional.