El conflicto con las cooperativas mineras volvió a escalar apenas horas después de que el Gobierno anunciara un acuerdo nacional con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).

El expresidente Jorge Tuto Quiroga comparó el escenario actual con una “piñata gubernamental”, donde distintos sectores sociales buscan obtener la mayor cantidad posible de beneficios ante la pérdida de credibilidad y debilidad política de la administración de Rodrigo Paz. Según Tuto, las demandas comenzaron a multiplicarse porque diversos grupos perciben que el Gobierno atraviesa un momento de fragilidad y está dispuesto a ceder para evitar nuevas protestas.

El jueves, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Ejecutivo logró acuerdos con Fencomin relacionados con acceso a combustible, provisión de explosivos y facilidades de transporte para el sector cooperativista. Sin embargo, el entendimiento fue alcanzado en medio de una jornada de alta tensión en el centro paceño, donde se registraron enfrentamientos entre mineros y efectivos policiales, dejando heridos y personas arrestadas. Pese al acuerdo nacional, el conflicto no se desactivó y las bases regionales comenzaron a reclamar negociaciones propias y beneficios adicionales.

Menos de un día después, la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz se desmarcó de Fencomin y lanzó un ultimátum de 24 horas al Gobierno para instalar una nueva mesa de diálogo exclusivamente departamental.

El dirigente Alfredo Yanarico anunció la conformación de un Comité de Movilizaciones y advirtió que, si no reciben respuesta inmediata, iniciarán bloqueos de carreteras. Los cooperativistas argumentan que las demandas nacionales no resuelven sus “particularidades” regionales y exigen acuerdos específicos para La Paz, reflejando las tensiones internas dentro del propio movimiento cooperativista.

El episodio muestra cómo las demandas sectoriales comenzaron a fragmentarse por regiones y cómo cada grupo busca ampliar sus beneficios en un contexto de creciente debilidad política del Ejecutivo.

Para analistas y opositores, la situación confirma que el Gobierno enfrenta un efecto dominó de presiones sociales acumuladas, donde cada sector intenta asegurar “su parte” antes de que la crisis política y económica termine por reducir el margen de negociación estatal.