Mientras el conflicto social cumple 26 días y los bloqueos se expanden territorial y sectorialmente, el Gobierno enfrenta una dificultad adicional: la falta de un mensaje uniforme sobre el camino que seguirá para restablecer el orden. La incertidumbre se instaló precisamente cuando la Asamblea Legislativa se apresta a debatir la abrogación de la Ley 1341, una norma que algunos sectores consideran un obstáculo jurídico para la aplicación de medidas de excepción, entre ellas un eventual estado de sitio.

La discusión no se desarrolla en un contexto de normalidad. Ocurre en medio de un escenario de creciente presión social y económica, donde los bloqueos ya no sólo tienen efectos sobre la transitabilidad sino también sobre el abastecimiento de alimentos, combustibles y el funcionamiento cotidiano de varias ciudades.

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz comienzan a mostrar señales más visibles de escasez y encarecimiento de productos, mientras sectores empresariales y ciudadanos empiezan a exigir acciones más contundentes para recuperar la normalidad.

En ese escenario, la posición del Ejecutivo ha mostrado matices y diferencias que alimentan la incertidumbre política. El presidente Rodrigo Paz, durante una entrevista internacional, evitó confirmar la posibilidad de un estado de sitio y sostuvo que la prioridad seguirá siendo el diálogo.

Señaló además que a quienes rechacen ese camino “les caerá la Constitución”, sin precisar mecanismos concretos de aplicación. Paralelamente, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó la posibilidad de una medida de excepción, mientras el vocero presidencial dejó abierta la posibilidad de recurrir a herramientas constitucionales si la conflictividad persiste.

Las señales contradictorias aparecen en un momento en que el conflicto parece estar ingresando a una nueva etapa. Los bloqueos registraron alrededor de 58 puntos y nuevas organizaciones comenzaron a incorporarse o reforzar medidas de presión: comunidades campesinas, mineros, juntas vecinales, maestros y sectores del transporte.

A ello se suma una radicalización del discurso en algunos sectores movilizados, donde las consignas ya no se centran únicamente en demandas específicas sino en planteamientos políticos más extremos como “renuncia o nada”.

Los hechos registrados en Parotani reflejan también un incremento en la tensión. Este martes se produjeron nuevos enfrentamientos entre efectivos policiales y cooperativistas mineros movilizados, en un contexto donde se reportó el uso de explosivos artesanales para impedir el avance de operativos de desbloqueo. La situación evidencia que el conflicto dejó de ser únicamente una disputa política o sectorial y comienza a incorporar elementos de mayor confrontación en el terreno.

En paralelo, el diálogo continúa sin avances visibles.

Los intentos de mediación impulsados por la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica no han logrado acercar posiciones entre el Gobierno y los sectores movilizados.

La incorporación de nuevos actores que llaman a una salida negociada tampoco modificó el panorama. El caso de San Julián es ilustrativo: tras aceptar inicialmente una pausa para no afectar posibles acercamientos, sectores movilizados determinaron levantar el cuarto intermedio y retomar la consigna de “renuncia o nada”.

La discusión sobre la Ley 1341 también comienza a adquirir un peso político mayor que el estrictamente jurídico. Para algunos sectores, su abrogación podría facilitar el camino hacia una medida excepcional; para otros, podría generar vacíos normativos o convertirse en un factor adicional de confrontación.

El verdadero centro de la disputa parece trasladarse ahora a la Asamblea Legislativa, donde el debate podría redefinir no sólo el alcance de la norma, sino también el margen de acción política del Ejecutivo.

Por el momento, el Gobierno mantiene el discurso del diálogo mientras los efectos del conflicto avanzan más rápido que las señales de solución. Y la pregunta que empieza a instalarse es si el Ejecutivo todavía apuesta únicamente a una salida negociada o si prepara otro escenario para responder a una crisis que continúa ampliándose.