El dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Túpac Katari», Vicente Salazar Limachi, se convirtió en el primer líder de las movilizaciones por los 53 días de bloqueos que enfrenta un pedido de seis meses de detención preventiva.
La Fiscalía presentó una imputación formal ante el Juzgado 17 de Instrucción Penal de La Paz y solicitó que la medida sea cumplida en el penal de San Pedro mientras se desarrollan las investigaciones por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Tras conocer la decisión, la defensa del dirigente anunció que presentará una acción de libertad, al considerar que su aprehensión fue ilegal.
LOS HECHOS
En la imputación, el Ministerio Público sostiene que Salazar tuvo un rol determinante en la organización y sostenimiento de los bloqueos registrados entre mayo y junio de este año. Entre los principales elementos de convicción, señala que el dirigente suscribió el «Acuerdo Interinstitucional de Unidad y Lealtad», mediante el cual se convocó a un paro indefinido con bloqueo de caminos para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Asimismo, le atribuye haber convocado a sus bases a instalar y ampliar los puntos de bloqueo, principalmente en la carretera La Paz-Oruro y el tramo Hito IV-Viacha, además de emitir declaraciones públicas en las que aseguró que existían 180 puntos de bloqueo y que las medidas de presión continuarían hasta alcanzar sus objetivos.
La Fiscalía también sostiene que Salazar mantuvo el llamado a las movilizaciones incluso durante la vigencia del estado de excepción y que actuó de manera coordinada con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales. Según la investigación, los bloqueos provocaron el aislamiento de La Paz y El Alto durante más de 50 días, desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, pérdidas económicas millonarias, daños a la infraestructura vial y al menos 14 fallecimientos vinculados con la imposibilidad de acceder oportunamente a servicios de salud.
RIESGOS PROCESALES
Para respaldar la solicitud de detención preventiva, el Ministerio Público argumentó la existencia de riesgos procesales. Señala que el dirigente no acreditó plenamente su domicilio ni su actividad laboral, registra viajes al Perú y tendría facilidades para salir del país. Además, advierte que, en libertad, podría influir sobre testigos, coimputados y peritos o interferir en las diligencias pendientes, entre ellas declaraciones testificales, inspecciones técnicas y pericias informáticas.
El caso de Salazar se enmarca en la querella criminal impulsada por los ministerios de Gobierno y de Defensa contra los presuntos cabecillas de los bloqueos de carreteras. El Gobierno informó que la denuncia forma parte de un paquete de 44 procesos presentados ante el Ministerio Público y que, además de Vicente Salazar, involucra a Evo Morales, Mario Argollo y otros dirigentes a quienes atribuye responsabilidad por los daños ocasionados durante las protestas.
Tras la aprehensión del dirigente, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos «Túpac Katari» se declaró en estado de emergencia y exigió su liberación inmediata, al sostener que Salazar actuó únicamente como portavoz de las decisiones de sus bases.
ACCIÓN DE LIBERTAD
Por su parte, el abogado René Salazar anunció la presentación de una acción de libertad, argumentando que la aprehensión se realizó sin cumplir las formalidades legales y sin una notificación personal previa, por lo que considera que la privación de libertad fue ilegal. Entretanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el proceso debe desarrollarse con estricto apego al debido proceso, aunque remarcó que en Bolivia el derecho a la protesta no ampara los bloqueos de carreteras.
