El anuncio de un paro indefinido de la administración de justicia, impulsado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, no solo abrió un debate sobre la crisis del sistema judicial, sino que también trasladó el foco de atención hacia la figura de quien encabeza la protesta. La medida, inédita en el Órgano Judicial, busca presionar al Ejecutivo y al Legislativo para lograr un incremento del presupuesto destinado a la administración de justicia.
Los magistrados sostienen que el reclamo tiene sustento en las cifras. Actualmente, el Órgano Judicial recibe poco más de Bs 1.054 millones, monto que representa apenas entre el 0,33% y el 0,35% del Presupuesto General del Estado. De ese total, alrededor del 75% se destina al pago de salarios de jueces, vocales, magistrados y personal administrativo, dejando un margen reducido para infraestructura, tecnología, insumos y el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
Sin embargo, la acción política de desprestigio comenzó a girar en torno a los antecedentes de Romer Saucedo, que volvieron a circular con fuerza en el escenario político. Para sus detractores, esos episodios restan legitimidad a su demanda; para sus defensores, forman parte de una estrategia orientada a desviar la atención del problema estructural del financiamiento de la justicia.
PRESO, ABSUELTO Y PRESIDENTE DEL ORGANO JUDICIAL
1. ¿Cuándo ocurrió y qué delito se investigaba?
Los hechos ocurrieron cuando Romer Saucedo tenía 21 años (en su etapa de juventud, previa a su carrera como magistrado). Fue procesado bajo la imputación de tentativa de asesinato.
De acuerdo con la aclaración pública que el propio Saucedo realizó el 5 de enero de 2026 (durante el discurso de inauguración del Año Judicial), el caso se originó a raíz de un incidente en el que intervino para defender la vida de su madre. Debido a este hecho, las autoridades judiciales de ese momento decidieron ampliar la imputación penal no solo contra él, sino también contra su madre y un tío.
2. ¿Cuánto tiempo estuvo preso en Palmasola?
Saucedo permaneció bajo detención preventiva durante un año y cinco meses (17 meses) en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Penal de Palmasola). Su madre y su tío también cumplieron varios meses de reclusión en el mismo recinto penitenciario bajo la misma medida cautelar.
3. ¿En qué quedó su caso?
El caso concluyó con su absolución/liberación definitiva tras demostrarse su inocencia, permitiéndole extinguir el proceso penal sin antecedentes condenatorios.
Durante su informe público, el titular del TSJ reveló los siguientes detalles sobre el desenlace del proceso:
- Rechazo a un proceso abreviado: Saucedo afirmó que, mientras estaba recluido, los operadores de justicia de esa época le ofrecieron someterse a un procedimiento abreviado (aceptar la culpa a cambio de una pena menor y libertad rápida). Sin embargo, él rechazó la oferta para evitar quedarse con un antecedente penal por un delito que aseguraba no haber cometido.
- Denuncia de «mafias judiciales»: Atribuyó su prolongada detención preventiva a la extorsión de lo que denominó «mafias judiciales». Declaró textualmente: “Decidimos resistir y demostrar que la verdad siempre sale a la luz, y después de un año y cinco meses tuvimos justicia”.
Este antecedente judicial se mantuvo fuera del debate público hasta finales de 2025, cuando en medio de una pugna interna y acusaciones cruzadas de manipulación de fallos dentro del Órgano Judicial, un exvocal y expresidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni sacó a la luz que la máxima autoridad judicial del país había estado recluida en Palmasola.
Ante la polémica, Saucedo utilizó la apertura del año judicial en enero de 2026 para validar que estuvo recluido, argumentando que esa dura experiencia personal es la que hoy motiva su agenda institucional para combatir el uso abusivo de la detención preventiva en Bolivia.
