Un fuerte remezón político e institucional se instaló en la agenda legislativa tras la propuesta de abrogar los decretos supremos 4500 y 4710. La iniciativa, impulsada por la diputada Lucero Justiniano (Libre), busca poner fin a lo que calificó como «los privilegios de la dirigencia sindical».
La iniciativa intenta significa ser la sanción de la sociedad civil a los 51 días de bloqueo protagonizado por los sindicatos afiliados a la COB, además que ser dirigente se ha convertido en un millonario negocio con serios indicios de corrupción y falta transparencia.
El debate ha quebrado el habitual hermetismo sobre las finanzas de los gremios y expone la millonaria maquinaria económica que sostiene a la Central Obrera Boliviana (COB) y sus sectores afiliados.
A falta de datos oficiales, manejados bajo un estricto secreto de Estado debido a que estos recursos ingresan a cuentas privadas exentas de la fiscalización de la Contraloría, proyecciones basadas en las planillas de desembolsos del Órgano Ejecutivo revelan que la masa económica de los aportes obligatorios descontados por planilla oscila entre los 130 y 140 millones de bolivianos anuales (alrededor de 18.7 a 20 millones de dólares).
De ese total global, la cúpula minera y la dirigencia centralizada de la COB absorben aproximadamente 50 millones de bolivianos al año.
El Estado como Agente de Retención
La investigación revela que el Estado boliviano opera como el engranaje central de este financiamiento al actuar como agente de retención automática. A través de ministerios y entidades descentralizadas, el aparato estatal deduce los aportes directamente del salario de los trabajadores para transferirlos a las cuentas gremiales.
Si bien el Estatuto de la COB fija un aporte base de Bs 2 por afiliado (distribuido 70% para la COB nacional y 30% para las regionales), el verdadero caudal de dinero proviene de decretos sectoriales específicos. El caso más emblemático es el Decreto Supremo Nº 106, que viabiliza el descuento del 1% del haber básico de los más de 170.000 trabajadores del Magisterio Nacional de manera obligatoria.
