El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, enfrentará esta semana el inicio de una ofensiva política en la Asamblea Legislativa, donde deberá responder dos peticiones de informe oral impulsadas por diputadas de oposición que cuestionan su actuación durante los 51 días de bloqueos de carreteras. Los legisladores sostienen que la Defensoría fue más activa en la protección de los sectores movilizados que de la población afectada por el cierre de rutas.
La primera comparecencia fue convocada para este miércoles, a las 09:30, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por iniciativa de la diputada Marlene Miranda. Una semana después, el 9 de julio, Callisaya deberá presentarse ante la Comisión de Política Social a convocatoria de la diputada Kattia Arando.
Ambas legisladoras anticiparon que exigirán explicaciones sobre las acciones que desplegó la Defensoría durante el conflicto social, particularmente respecto a la protección de los derechos humanos de las personas heridas y fallecidas, las garantías al debido proceso, las gestiones realizadas para contribuir al levantamiento de los bloqueos y las acciones administrativas, civiles o penales promovidas por la institución.
La ofensiva legislativa también alcanzó el ámbito institucional, donde más de uno parlamentario lo considera el “defensor de los bloqueadores”. La diputada Arando presentó una denuncia ante la Vicepresidencia del Estado solicitando la conformación de una comisión especial mixta que investigue la actuación del Defensor del Pueblo durante los conflictos sociales de los últimos dos meses y determine si cumplió las funciones que le asignan la Constitución y la Ley 870.
Una gestión nuevamente bajo presión
La comparecencia de Callisaya reabre los cuestionamientos que acompañan su gestión desde su elección, en septiembre de 2022. Su designación fue aprobada por la entonces mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), en una sesión que la oposición calificó de «madrugón» legislativo al denunciar que la convocatoria fue realizada de manera sorpresiva, aprovechando la ausencia de varios legisladores que participaban de los actos por la efeméride de Santa Cruz.
Desde entonces, sectores opositores han cuestionado la independencia del Defensor del Pueblo, mientras que durante la reciente crisis por los bloqueos consideran que la institución mantuvo una actitud pasiva frente a las afectaciones sufridas por miles de ciudadanos, transportistas, productores y comerciantes que permanecieron aislados por más de siete semanas.
Por su parte, Callisaya sostuvo una posición institucional de exhortación al diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, una postura que terminó siendo cuestionada tanto por el oficialismo como por la oposición.
Lo que puede pasar después
Aunque las comparecencias representan el mayor desafío político que ha enfrentado Callisaya desde que asumió el cargo, un eventual rechazo de sus informes no implica su destitución automática.
La Ley del Defensor del Pueblo establece que la autoridad solo puede cesar en sus funciones por renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente o una sentencia penal condenatoria ejecutoriada.
Sin embargo, una reprobación política de la Asamblea fortalecería las denuncias anunciadas por legisladores por presunto incumplimiento de deberes y abriría un escenario de mayor presión institucional.
Además del impacto político, una mayoría legislativa adversa podría afectar la capacidad operativa de la Defensoría durante la discusión del Presupuesto General del Estado, mediante recortes a sus recursos, debilitando su funcionamiento.
El mandato constitucional de Pedro Callisaya concluye en septiembre de 2028. Sin embargo, antes de esa fecha deberá enfrentar una Asamblea con una composición política distinta a la que respaldó su elección y que ahora busca establecer si la Defensoría del Pueblo cumplió su papel durante uno de los conflictos sociales más prolongados de los últimos años o, como sostienen sus detractores, terminó actuando como defensora de los bloqueadores antes que de los bloqueados.
