En menos de seis meses, la Aduana Nacional se ha convertido en una de las instituciones más golpeadas por denuncias de presuntos hechos de corrupción. Casos de internación de combustibles sin control aduanero, las denominadas «narcomaletas», «narcomaderas», presunta venta de cargos, contratación de personas con antecedentes por corrupción y supuestos consorcios internos para favorecer el contrabando han deteriorado la imagen de la entidad, mientras el Gobierno mantiene en el cargo al presidente ejecutivo, Alberto Samuel Soto de la Vía.
En ese contexto, el diputado de la Alianza Popular, Rolando Pacheco, presentó una denuncia que derivó en la citación del presidente de la Aduana por parte de la Fiscalía de La Paz. Soto deberá declarar este 3 de julio a las 09:30 dentro de una investigación preliminar por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y hechos de corrupción. A ello se suman recientes denuncias de cobros irregulares, coimas y venta de cargos que involucran a funcionarios y exfuncionarios de las regionales de Tarija, Oruro y Santa Cruz.
La investigación fiscal se sustenta en una serie de denuncias acumuladas durante junio de 2026, que apuntan a la existencia de redes ilícitas dentro de la institución.
• Venta de cargos jerárquicos: Se investiga el presunto cobro de dinero para acceder a cargos estratégicos y mandos medios en puestos fronterizos, mediante un sistema de designaciones irregulares.
• Audios sobre cobros por contrabando: La denuncia incorpora grabaciones que revelarían pagos ilegales para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando y omitir controles aduaneros, principalmente en la regional de Tarija.
La citación al presidente de la Aduana se produce en medio de una sucesión de casos que, en los últimos meses, han puesto en entredicho los mecanismos de control de la institución.
• Caso «Narcomaletas»: La investigación se originó tras el ingreso irregular de un importante cargamento de equipajes procedentes de Estados Unidos por el aeropuerto de Viru Viru. Las pesquisas derivaron en la aprehensión de exfuncionarios acusados de alterar registros y permitir el paso de equipaje sin fiscalización.
• Caso «Narcomaderas»: La incautación de 108 toneladas de cocaína ocultas en madera de exportación en Chile expuso presuntas fallas en los controles aduaneros bolivianos. El hecho dio lugar a múltiples investigaciones contra empresas y funcionarios vinculados al despacho de la carga.
• Agencia Aduanera de Arica: Una investigación detectó el presunto uso irregular de los sistemas informáticos por parte de un alto funcionario para favorecer operaciones vinculadas a empresas de su entorno familiar, hecho que derivó en acciones penales.
• Venta de cargos mediante códigos QR: Denuncias legislativas revelaron un supuesto mecanismo de cobros digitales para acceder a puestos estratégicos dentro de la Aduana, mediante transferencias realizadas a través de códigos QR.
• Internación de vehículos «chutos»: Gremios del sector automotor y autoridades locales denunciaron que la falta de controles en las fronteras ha facilitado el ingreso de vehículos indocumentados, situación que continúa bajo cuestionamiento por sus efectos sobre la economía y el control estatal.
Mientras avanza la investigación, la defensa de Alberto Samuel Soto sostiene que las denuncias tienen un trasfondo político y argumenta que el presidente ejecutivo no puede ejercer un control directo sobre cada operación aduanera realizada en el país. Entretanto, el caso mantiene bajo presión a una institución cuya credibilidad continúa debilitándose por la sucesión de denuncias que hoy investiga el Ministerio Público.
