Quien después de las elecciones exigía «dejar de ordeñar la Alcaldía», reducir la burocracia y acabar con el uso de la administración municipal como un «botín político», hace haciendo todo lo contrario y acabó siendo declarado “persona no grata” por la misma alianza que lo postuló como candidato a alcalde de La Paz.

La Alianza «Somos La Paz», que postuló a Miguel Antonio Roca Sánchez como candidato a la Alcaldía de La Paz, decidió apartarlo de sus filas al acusarlo de haber utilizado su influencia dentro de la organización para obtener el cargo de asesor de la concejal Alejandra Delgado Cameo, con una remuneración mensual de Bs 17.710.

Ahora, es la propia alianza sostiene que incurrió en una conducta incompatible con esos principios, al beneficiarse —según el pronunciamiento del Directorio— de un cargo dentro del Concejo Municipal

La decisión fue asumida mediante un extenso pronunciamiento del Directorio de la alianza, integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Mirando el Desarrollo del Luribay (MIDELUR), que considera que la conducta de Roca vulneró los principios éticos, la transparencia y la confianza política sobre los que fue constituido el frente.

Según el documento, el exaspirante a la Alcaldía incurrió en actuaciones incompatibles con los valores que la organización exige a sus dirigentes y representantes.

En el punto octavo del pronunciamiento, el Directorio sostiene que las acciones atribuidas a Roca provocaron una «pérdida absoluta de confianza política» y ocasionaron un «grave daño a la imagen, la unidad y la institucionalidad» de la alianza.

Por ello, expresa su «más enérgico rechazo» a un comportamiento que considera contrario a los principios de ética, lealtad, transparencia, buena fe y respeto que deben regir el ejercicio de la actividad política.

En consecuencia, la alianza resolvió declarar políticamente a Miguel Antonio Roca Sánchez como persona no grata para «Somos La Paz» y para las fuerzas políticas que la integran, al considerar que quebrantó la confianza depositada en su candidatura y desarrolló conductas que, prima facie, resultan incompatibles con los principios y compromisos éticos de la organización. La medida se mantendrá vigente mientras las instancias competentes determinen lo que corresponda en derecho.

El directorio concluye el pronunciamiento reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia, la ética pública y la democracia interna, principios que —señala— continuarán guiando las decisiones de la alianza «sin distinción de personas, cargos o intereses particulares».