Análisis: Al Punto y Al Fondo

La detención preventiva por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de Vicente Salazar Limachi, secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Túpac Katari», marca un punto de inflexión en el tratamiento judicial de la conflictividad social en Bolivia.

Aceptando la solicitud fundamentada de la Comisión de Fiscales de Materia, la justicia ordinaria determinó que el liderazgo ejercido por Salazar durante los 53 días de bloqueo nacional y cerco a la sede de Gobierno trascendió el derecho constitucional a la protesta pacífica.

La resolución se sustenta en una sólida carpeta investigativa que transformó los discursos públicos, resoluciones sindicales e instructivos de carreteras en elementos de prueba idóneos.

A continuación, desglosamos la radiografía penal y el análisis de subsunción de los cinco delitos que hoy sepultan jurídicamente al dirigente campesino.

I. INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR (Art. 130 del Código Penal)

• Hechos y Dichos (Acción Típica): El 6 de mayo de 2026, Vicente Salazar suscribió en la ciudad de La Paz el “Acuerdo Interinstitucional de Unidad y Lealtad” con otras nueve organizaciones para declarar un paro general indefinido con el fin explícito de forzar la renuncia del presidente del Estado.
• Tras la firma, convocó a las bases de los «Ponchos Rojos» a masificar bloqueos en rutas vitales como La Paz-Oruro (Villa Remedios, Lahuachaca, Panduro) y el tramo fronterizo Hito IV-Viacha-Río Seco-Achiri.
• Su retórica se radicalizó en medios de alcance nacional. El 11 de mayo, a través de Radio San Gabriel y Correo del Sur, validó la existencia de 180 puntos de asfixia vial, rechazó cualquier acercamiento
• Y aseveró textualmente: «no es momento de estar dialogando ni negociando; las bases prefieren semanas de sacrificio antes que continuar con la crisis». Salazar sostuvo esta convocatoria abierta incluso tras la vigencia del Estado de Excepción dictado el 20 de junio mediante el Decreto Supremo N° 5636.
• Fundamentación Jurídica y Subsunción: La Fiscalía acreditó el elemento de «publicidad» indispensable para este tipo penal, dado que los mensajes fueron emitidos de forma dolosa a un público indeterminado a nivel nacional.
• La conducta se subsume en la instigación pública porque el sindicado, usando su alta capacidad de convocatoria como máximo ejecutivo, determinó e instó de forma directa a la base sindical a cometer delitos contra la seguridad común.
• De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (SCP 0297/2018-S3), al tratarse de un delito autónomo de peligro abstracto contra la tranquilidad pública, su consumación no requería que los hechos instigados se ejecutaran en su totalidad.

II. ASOCIACIÓN DELICTUOSA (Art. 132 del Código Penal)

• Hechos y Dichos (Acción Típica): El vínculo material se configuró el 6 de mayo de 2026 mediante la firma del pacto interinstitucional. Con este acto, Salazar se integró orgánicamente a una estructura coordinada de más de cuatro personas naturales, donde figuraban los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB, el CONAMAQ y la Federación de Transporte Interprovincial.
• A partir de esa alianza, el imputado coordinó de forma sistemática y sostenida las logísticas de resistencia civil para prolongar las medidas de presión por más de un mes y medio, según dice la imputación formal de la comisión de fiscales.
• Fundamentación Jurídica y Subsunción: El Ministerio Público demostró la concurrencia de los elementos del tipo: la pluralidad mínima de sujetos (más de cuatro dirigentes) y un acuerdo asociativo con un fin delictivo común (el bloqueo indefinido de carreteras enfocado en deponer al gobierno electo).
• La participación dolosa del imputado quedó probada mediante el acta física del acuerdo, los informes de la Comisión de Investigadores del 19 de mayo de 2026 y los reportes técnicos de ciberpatrullaje que ratificaron la articulación previa y planificada entre las organizaciones afines.

III. TERRORISMO (Art. 133 del Código Penal)

• Hechos y Dichos (Acción Típica): Entre el 11 de mayo y el 23 de junio de 2026, Salazar utilizó tribunas públicas en la Avenida Las Naciones Unidas de El Alto, el centro paceño, la provincia Omasuyos y la propia sede de la federación para promover y sostener un plan de desestabilización institucional.
• Durante el conflicto, blindó discursivamente el bloqueo penalizando el diálogo bajo las consignas de: «la dignidad de los Túpac Katari no se negocia, se defiende en las calles» y «el atropello de hoy no es el fin de nada sino el inicio de una respuesta organizada».
• Mantuvo inalterable la medida extrema incluso ante la promulgación de nuevas normativas específicas que elevan las penas de privación de libertad por bloqueos de 15 a 20 años.
• Fundamentación Jurídica y Subsunción: La conducta se encuadra en el delito de Terrorismo porque se utilizó un medio de coacción violento y prolongado (el asfixiante cerco de 53 días a La Paz y El Alto) para subvertir el orden constitucional, infundiendo pánico colectivo en la población civil.
• El cerco provocó una crisis sanitaria severa por la escasez de oxígeno medicinal y se cobró la vida de al menos 14 ciudadanos.
• La Fiscalía desestimó la cláusula de exclusión por protesta social (párrafo final del Art. 133) argumentando que el fin perseguido no era una reivindicación de derechos elementales, sino un chantaje político directo que causó un perjuicio económico de 2.000 millones de dólares solo en mayo, equivalente al 4% del PIB nacional.

IV. ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE (Art. 213 del Código Penal)

• Hechos y Dichos (Acción Típica): El sindicado planificó, ordenó y masificó el bloqueo físico de los troncales camineros internacionales e interdepartamentales de la red vial fundamental de La Paz (rutas hacia Oruro, Viacha, Hito IV, Huarina y Achiri).
• Estas acciones se extendieron de manera ininterrumpida desde las primeras semanas de mayo hasta el 23 de junio de 2026, prohibiendo de manera intransigente cualquier cuarto intermedio para el flujo vehicular.
• Fundamentación Jurídica y Subsunción: La conducta vulneró el bien jurídico de la seguridad común al perturbar, obstaculizar y poner en riesgo la regularidad de los transportes públicos y privados por tierra.
• La materialización fáctica del peligro abstracto quedó registrada en los informes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que cuantificaron daños a la infraestructura vial (zanjas en el asfalto, quema de neumáticos y destrucción de señalización) por un valor de entre 90 y 91 millones de bolivianos.
• A esto se sumó la evidencia de más de 5.000 camiones de carga internacional varados en las rutas y pérdidas diarias calculadas en 20.000 dólares para el sector del transporte pesado, configurándose plenamente el dolo en la ejecución del riesgo.

V. ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Art. 214 del Código Penal)

• Hechos y Dichos (Acción Típica): A través de las resoluciones político-sindicales emitidas por su despacho y de los discursos emitidos ante los medios, Salazar forzó el mantenimiento de los cercos en los nodos de acceso clave a los centros urbanos.
• Esta acción imposibilitó de forma deliberada el paso y suministro regular de insumos básicos, carburantes y servicios sanitarios de urgencia para las ciudades de La Paz y El Alto.
• Fundamentación Jurídica y Subsunción: La subsunción penal en este tipo delictivo se fundamenta en la afectación sistemática y gravosa al funcionamiento de los servicios esenciales del Estado. La Comisión de Fiscales acreditó de forma concurrente los elementos del tipo penal mediante cuatro pruebas de impacto:
  1. La declaratoria de emergencia sanitaria formalizada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz por el desabastecimiento crítico de oxígeno e insumos médicos en la red hospitalaria.
  2. Los informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo que probaron el desabastecimiento intencional de alimentos y la consecuente inflación de la canasta familiar.
  3. El fallecimiento de al menos 14 personas (incluyendo pacientes oncológicos, renales, menores de edad y una ciudadana extranjera) debido a la intransigencia de los bloqueadores que impidieron el paso de ambulancias.
  4. El daño económico generalizado que superó los 14.000 millones de bolivianos durante los 53 días que duró la medida de presión, ratificando el dolo directo del imputado al mantener la situación de peligro colectivo a sabiendas de sus consecuencias fatales.

El gobierno de Rodrigo Paz acusa a Vicente Salazar de ser el «promotor» porque él fue el arquitecto logístico del cerco.

Sus acciones pasaron de la protesta social al boicot criminal cuando el saldo del bloqueo dejó de contarse en millones de dólares perdidos y empezó a contarse en vidas humanas.

Al firmar pactos políticos y negarse al diálogo, Salazar firmó su propio boleto de traslado a Chonchocoro, donde el Ejecutivo busca dar un mensaje de autoridad: el uso del bloqueo como arma de chantaje político y de asfixia urbana ya no goza de impunidad.